Por diferentes razones, aunque indirectamente ligadas entre sí, con esta semana se inicia una nueva etapa en la historia contemporánea que está siendo escrita a diario. Por una parte, despejados los últimos efectos distractivos del ya casi olvidado juicio perdido en La Haya, toda la atención de la ciudadanía, de las fuerzas oficialistas y opositoras, se concentrará en la configuración del nuevo escenario político nacional, el que se proyectará hacia los próximos años y tal vez décadas.

Dos fechas, ambas ya incorporadas al calendario cívico nacional, serán los puntos de referencia. Por un lado, el 10 de octubre, que es cuando Bolivia decidió, ojalá que definitivamente, iniciar un proceso permanente de defensa, consolidación y perfeccionamiento de nuestro sistema democrático. Y por otro, el 21 de febrero que marca un hito fundamental en la tarea de defender e impedir que se pierda el rumbo tomado hace ya 36 años.

Ambas fechas, con su respectiva carga simbólica y práctica, confluirán el próximo miércoles en lo que ya se avizora como una contundente expresión de la voluntad de reafirmar la lucha por la defensa de la democracia.

El próximo miércoles, las calles del país serán tomadas por la gente para recordar que el 21 de febrero de 2016, 5.490.919 personas se dieron cita en las urnas para decidir entre todos si se aceptaría o no que Evo Morales y Álvaro García Linera puedan ser reelectos de manera indefinida.

El resultado arrojado por las urnas fue categórico. Y si bien fue también muy numerosa la cantidad de quienes respaldaron esa posibilidad, lo cierto es que se impuso el voto contrario a la reelección.

Ese resultado abrió la esperanzadora posibilidad de que el futuro económico, político y social de nuestro país no quede sujeto a las cualidades o defectos de uno o dos personajes sino ala solidez de las instituciones, a la voluntad, posibilidades y limitaciones de toda la sociedad.

Desgraciadamente, el MAS optó por desoír el mandato popular, lo que deja abierta la posibilidad de que la Bolivia deje de ser un país regido por una Constitución y las leyes y vuelva a ser objeto, como en tiempos de las dictaduras, del abuso arbitrario del poder polìtico.

En ese contexto, la defensa de su voluntad expresada en las urnas el 21 de febrero de 2016 adquiere una trascendental importancia. Es un paso imprescindible para que nunca más se imponga impunemente la arbitrariedad.