Esta obra, que se encontraba paralizada en el proceso de impacto ambiental, consiste en la construcción de una presa de tierra con un embalse, una central de 600 megawatts de potencia instalada con una generación de energía media anual en el orden de 3000 gigawatts.

El proyecto se encuentra situado sobre el río Grande, sobre la confluencia con el río Rositas, a 16 kilómetros aguas arriba de la población de Abapó, en el límite de las provincias Vallegrande y Cordillera en el departamento de Santa Cruz. Para algunos era un sueño al progreso; pero para otros, una pesadilla. El presidente ejecutivo de ENDE, Joaquín Rod,íguez, dijo a Los Tiempos que en cuanto la población tome conciencia de las ventajas de la inversión, se retomará las tareas suspendidas.

José Luis Sandóval, presidente del Comité de Defensa de Tierra y Territorio, dijo que ENDE nunca hizo una consulta previa, siendo que afecta con inundaciones directamente a 14 comunidades, a los municipios Vallegrande, Postrervalle, Cabezas y Gutiérrez, y a tres OTB indígenas guaraníes.

Indicó que los técnicos de ENDE hablaron de los beneficios del proyecto hidroeléctrico, pero nunca de las afectaciones.

El asambleísta de la provincia Vallegrande Alcides Vargas argumentó que se vulneraba los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades “porque ENDE destruía potreros y alambrados”.

Casto Romero, alcalde vallegrandino, lamentó que las autoridades gubernamentales no hayan dado la suficiente información, ahora lo que queda es subsanar los errores y daños ocasionados a los comunarios.