Perjuran sin problemas, sin ruborizarse, ya ni siquiera se preocupan de guardar las formas; todo lo contrario, hacen gala de sus perjuros al convocar públicamente a sus adeptos a participar de la violación masiva de la CPE, en actos oficiales y sin preocuparse de evitar registros de una actuación que bien puede ser calificada de criminosa. 

El ejemplo más reciente ha sido aportado por el vicepresidente García Linera. En un acto oficial presidido el jueves pasado en Santa Rosa del Sara, convocó a los presentes a iniciar los preparativos para la campaña Evo-2020, aduciendo su “derecho constitucional a pedir nuevamente el voto de la gente”. En realidad, el MAS ya inició esa campaña hace tiempo, a instancias de su cúpula en la que destacan Morales y García Linera, a sabiendas de que esa pretensión va no solo contra lo que establece la Constitución, sino también contra lo que emanó de la voluntad popular en el referéndum del 21 de febrero de 2016. Es, sin lugar a dudas, una abierta violación a la Constitución.
Más correcto es hablar, en todo caso, de violación masiva y reiterada a la Constitución. No solo por la artera insistencia de Morales, García Linera y compañía en volver a forzar la candidatura presidencial del primero a través de la presión mediática; también lo están haciendo con acciones dirigidas al Tribunal Constitucional Plurinacional, al que tampoco dudan en presionar con arengas políticas y anunciando ‘vigilias’ a las puertas del TCP, a cargo de sus organizaciones partidarias. Lamentablemente, con resultados a favor de los violadores de la Constitución. No se puede considerar de otro modo la admisión por parte del TCP del recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por el MAS para anular varios artículos de la CPE. Cualquier abogado sabe que el recurso debió ser rechazado, aun sin revisarlo, ya que el TCP no tiene competencia para modificar la Constitución.
Que el TCP hubiera admitido el recurso es una pésima señal. Primero, porque confirma sospechas generalizadas sobre su subordinación al Ejecutivo (es fácil deducir, siguiendo la actuación del Gobierno y de su cúpula partidaria, que el MAS solo presentó ese recurso porque está seguro de imponer su voluntad sobre el TCP). Segundo, porque comprueba una vez más que los bolivianos están en su mayoría en indefensión: el Estado de derecho se ha vuelto una ficción, al igual que la independencia de poderes y más aún la posibilidad de ponerle freno al poder. Estas tres últimas, los principales atributos de una Constitución Política. Porque para eso sirve la Constitución: para ponerle freno al poder, ser garante de los derechos individuales y de las libertades ciudadanas, y de poderes independientes.
Ninguno de estos tres atributos está completamente garantizado hoy en Bolivia. Vuelvo a los ejemplos citados al inicio para corroborar lo dicho: la prepotencia con la que nuestras principales autoridades anuncian que impondrán otra candidatura presidencial de Evo es muestra clara de su abierto menosprecio a lo que manda la CPE, al voto soberano, a la independencia de poderes y, claro está, una prueba de la ruptura de límites a su poder. Si al menos esto estuviera vigente, la mayoría de los voceros oficiales del MAS –incluidos el presidente, el vicepresidente, ministros, etcétera- estarían siendo procesados por violar la Constitución. Tentativa de cohecho activo, prevaricato, asociación delictuosa (aquí entran magistrados y otras autoridades) y resoluciones contrarias a la CPE y a las leyes serían, entre otros, algunos de los delitos a ser denunciados.
Pero no pasa nada. Si el vicepresidente se atrevió a arengar nuevamente a sus bases para que se movilicen y participen de la violación masiva a la Constitución, es porque sabe que por ahora no hay mayores límites al poder que ostenta su partido en Gobierno. Vaya dato preocupante: de consolidarse la apuesta gubernamental, no habrá duda de que en Bolivia la Constitución está hecha para ser violada por quienes detentan el poder, un extremo que nunca beneficia a las mayorías, sino todo lo contrario. La Constitución puede pasar de ser freno (la capacidad ciudadana de quitarle poderes al poder) a ser arma (en manos de un gobierno concentrador de facultades, menoscabador de derechos y libertades individuales, y tirano).