La presidenta de la Asociación de Municipios (AMT), Gladys Alarcón, calificó la medida como política, porque la decisión de transferir recursos para la conclusión de proyectos paralizados por incumplimiento del gobernador Adrián Oliva beneficia a la población.

“Hemos hecho un análisis, y nuestra postura es de repudio contundente a este paro cívico departamental. Como municipios no nos vemos afectados con la ley del Gobierno nacional para que los recursos adicionales vayan a garantizar la contraparte de la Gobernación para los proyectos concurrentes”, precisó en rueda de prensa.

Expresó su preocupación por la decisión del ente cívico porque defiende intereses del gobernador Oliva, no cuestiona el incumplimiento de sus obligaciones y no reclama por la población tarijeña que se ha visto abandonada por la autoridad del departamento.

El ejecutivo de la Federación de Campesinos, Miguel Gallardo, dijo que un ampliado de emergencia definió el repudio y rechazo a la decisión del paro cívico propiciado desde la Gobernación.

“Repudiamos esa determinación que no se ha tomado desde el Comité Cívico, sino que vemos que es más política para defender los intereses del Gobernador y no de los habitantes del departamento”, aseguró.