El comandante departamental de la Policía, Vladimir Pol, informó el miércoles que ordenó el refuerzo de cinco custodios que velan que el alcalde de Cochabamba suspendido, José María Leyes, cumpla una detención domiciliaria que le fue ordenada en el proceso que se sigue por el caso denominado ‘Mochilas I’, porque tiene varios procesos penales en su contra y se constituye en una persona con alto riesgo de fuga.

“Se ha incrementado el servicio de seguridad debido, también, a los procesos que tiene el señor. Para nosotros constituye una persona de alto riesgo de fuga”, dijo en una conferencia de prensa.

Según Pol, la decisión estuvo basada en un estudio de seguridad que estableció que las paredes laterales de la casa de Leyes son “muy bajas”.

Dijo que varios custodios policiales reportaron, además, que esa autoridad edilicia suspendida “los ha tratado de mala manera” y les cortó el acceso a servicios básicos en algunas ocasiones.

“También han evacuado informes los policías de que el 14 de septiembre el señor Leyes se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas”, agregó.

Agregó que la Policía solicitó reportes de descargo sobre denuncias planteadas por Leyes, el 26 y el 28 de septiembre, ante el juzgado anticorrupción que atiende el caso ‘Mochilas I’, por presuntos abusos cometidos por sus custodios.

“Se está recabando los informes pertinentes de los policías que se encontraban (trabajando) en esas fechas con objeto de determinar el grado de responsabilidad”, manifestó.

El jefe policial recordó que los custodios policiales sólo cumplen con una orden judicial que establece que Leyes está prohibido de tomar contacto con funcionarios municipales y por lo tanto deben interrogar y registrar en un libro los nombres de todas las personas que llegan a visitarle a su casa.

El caso ‘Mochilas I’ comenzó a investigarse el 3 de abril, desde que la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, denunció que la empresa accidental ’26 de Febrero’ pagó más de 2,3 millones de bolivianos por la compra de mochilas y útiles escolares para este año, pero el Gobierno municipal comprometió pagarle 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.