En medio del estruendo provocado por el fallo de La Haya, se produjo la sorpresiva renuncia del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, cuyo alejamiento, por supuestos problemas de salud, viene a incrementar las interrogantes que rodean al cuarto poder del Estado, cuyo papel será decisivo para hacer respetar la democracia y preservar el mandato soberano expresado en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

Pese a que ha habido pronunciamientos claros en el TSE, sobre la vigencia de los resultados del 21F y su carácter vinculante, la conducta orgánica de la entidad no ha sido contundente. Las contradicciones y disidencias internas incrementan la incertidumbre y para colmo, la intempestiva renuncia de Exeni, no viene más que a aumentar las sospechas de la ausencia de un consenso necesario sobre la postura definitiva que se asumirá cuando el presidente Morales presente oficialmente su candidatura, algo que debe ser rechazado de plano.

En todo caso, la actitud del TSE deja entrever que el oficialismo está ejerciendo fuertes presiones para torcer los dictámenes a su favor, elemento que se deja ver en las controversias y contradicciones que se han hecho públicas, dejando entrever igualmente la existencia de dos bandos que jalan cada uno por su lado.  Recientemente se ha conocido que tres de los siete miembros del TSE expresaron su desacuerdo con varios artículos del reglamento de las elecciones primarias, entre ellos, el que permite solo a los militantes de un partido impugnar a sus propios candidatos, elemento que viola los más elementales principios de la democracia y que termina de convertir a los comicios internos en una farsa destinada a favorecer precisamente la repostulación del presidente Morales.

El TSE es la última esperanza que le queda al país en estas circunstancias y su decisión resulta clave, no solo para resguardar la democracia de los aprestos dictatoriales, sino también para preservar la paz ciudadana. Si se violentara el orden institucional y se imponen los caprichos y la presión política, sucederá lo mismo que ha ocurrido con la justicia, alrededor de la cual se están generando aberraciones cada vez más grandes, que la población no está dispuesta a tolerar.

La independencia de poderes les atañe también a las autoridades electorales. Ellas están protegidas por la Constitución y su misión es respetar y hacer respetar las leyes. Este factor ha sido el punto débil de nuestro sistema político, que ha impedido el progreso democrático y por ende, el desarrollo integral del país, que solo puede ser concebido en el marco de respeto al Estado de derecho, seriamente amenazado por un régimen que no mide las consecuencias de sus actos y que está dispuesto a todo para perpetuarse en el poder.

El TSE es la última esperanza que le queda al país en estas circunstancias y su decisión resulta clave, no solo para resguardar la democracia de los aprestos dictatoriales, sino también para preservar la paz ciudadana.