En la relación y fundamentaciones de su sentencia contra la demanda o petición de Bolivia, la Corte Internacional de Justicia nos hace ver entre líneas: 1) Que nuestros abogados, junto a sus memoriales o alegatos orales, no presentaron las pruebas –o al menos no las más importantes– demostrativas de los hechos o actos bilaterales entre Chile y Bolivia, cuyos efectos jurídicos dieran base a la aplicación de aquellas normas del derecho internacional que obligan a los Estados a cumplir acuerdos, declaraciones, ofrecimientos o promesas unilaterales; 2) Que casi todas nuestras demandas bilaterales a Chile se realizaron por los gobiernos de Bolivia más en afán de retener el poder o de fortalecerse en las diversas crisis políticas, que en la de ajustarse a una estrategia de Estado para nuestro retorno al mar; 3) Que más acertado habría sido el demandar el cumplimiento pleno y de buena fe del Tratado de 1904 por Chile –como permanentemente lo pidieran la Federación del Transporte Pesado y los comerciantes bolivianos–, o la búsqueda de la suscripción de un protocolo complementario, dada su insuficiencia y anacronismo; 4) Que ni la Presidencia ni nuestra Cancillería tenían una verdadera estrategia diplomática de relaciones políticas internacionales, necesariamente paralela a la acción jurídica internacional.

Todo lo contrario, el Gobierno actuó internamente contra la Constitución, como a propósito para quitar autoridad moral a Bolivia en su demanda de justicia internacional (21F, corrupción, justicia, Incahuasi, etc.) y externamente con una torpeza rayana en la estupidez (declaraciones ofensivas a personajes extranjeros influyentes, excesos de exhibicionismo partidista, aparatosidad representativa, etc.).

Son opiniones producto de nuestra primera recepción radial de la lectura del histórico fallo; una vez publicado todo su texto en el internet, tendremos la oportunidad de efectuar un trabajo más completo.