En 2011, el crecientemente autoritario gobierno del MAS anunció que había decidido demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como parte de una nueva estrategia para lograr la recuperación soberana de un acceso al mar para Bolivia. Era evidente que el régimen gobernante estaba apostando, de un modo muy riesgoso, a judicializar la histórica reivindicación marítima de Bolivia, siguiendo su hábito de judicializar la política en el interior de Bolivia, persiguiendo legalmente a cuanto opositor se le pusiera al frente.

El despótico y agresivo ánimo del MAS, que lo ha llevado en los últimos 12 años a enjuiciar o amenazar con juicios a un sinnúmero de sus más relevantes opositores –el caso más reciente es el de la infundada y radicalmente arbitraria amenaza de enjuiciar al expresidente Mesa por el caso Quiborax– fue así traspasado a la arena de la política internacional al decidir Evo Morales llevar a Chile ante los estrados judiciales. La CIJ -se argumentó- no podría decidir sino que Chile –en las largas décadas de sus intercambios con Bolivia sobre el tema marítimo– habría contraído y tendría la obligación legal de negociar un acceso marítimo soberano para Bolivia.

Apelando a la innegable convicción de cada boliviano, de que un acceso soberano a las costas del Pacífico es una demanda histórica imprescriptible y un derecho irrenunciable de Bolivia, Evo Morales y sus estrategas lograron el apoyo de una amplia mayoría del país para desplegar su estrategia. También lograron el apoyo de periódicos, canales de televisión, radioemisoras, periodistas, líderes y formadores de opinión, dirigentes y autoridades públicas de la oposición y hasta de varios expresidentes que –obligados estos últimos por su investidura a apoyar lo que se convirtió en una política de Estado– pasaron a engrosar las filas de los adherentes a la riesgosa apuesta del MAS.

Se trataba, en todo caso, de una apuesta cuyos riesgos no pudieron inicialmente aquilatarse colectivamente en toda su dimensión. Judicializar la causa marítima, por supuesto, era primero arriesgar a perder comunicacionalmente parte, gran parte o toda la simpatía chilena hacia la demanda boliviana. Como resultado, en los cinco años, desde 2011, la opinión pública chilena neutra, medianamente a favor o plenamente a favor del derecho de Bolivia al mar, se ha ido diluyendo por obra de la demanda y las políticas comunicacionales de los gobiernos de Chile que ella suscitó y, por parte, de las ofensivas e insultantes arengas antichilenas de un Evo Morales incapaz de contener su agresividad verbal contra el país vecino.

Pero, nada fuera aquello. Peor aún, y esto es lo más grave, lo más profundamente riesgoso, llevar a Chile a los estrados judiciales internacionales fue poner en manos de un ajeno neutro, la CIJ, nuestro derecho al mar. Esa fue la jugada de riesgo, en una partida de política internacional con peligros de muerte súbita.

Y en manos de la CIJ se puso la riesgosa demanda y se la puso, por lo visto, con una enorme mediocridad y displicencia técnica del equipo jurídico boliviano e internacional, formado y contratado por el MAS para el caso. Paralelamente, mientras que por lo visto el equipo jurídico boliviano se explayó en desarrollar una demanda pobre e insuficientemente apuntalada, Evo Morales y su partido –cada vez más ensoberbecidos y autoengañados por su propia retórica triunfalista– pasaron a generar unas expectativas sobre la demanda en la CIJ que solamente se explican por la abierta y evidente pretensión política del MAS de manipular la opinión pública boliviana para lograr hacer aceptable en el país la repostulación/reelección del binomio Morales-García a fines de 2019.

Politizando y electoralizando el tema del mar, por una parte, y por el otro lado impulsando el despliegue de un trabajo jurídico-técnico finalmente –vistos los resultados– bochornoso, el MAS hizo de su riesgosa apuesta una aventura que ha terminado en un descalabro. Escuchando el funesto tenor del fallo de La Haya el 1 de octubre, la CIJ desechó uno a uno todos y cada uno de los argumentos básicos de la demanda de Bolivia como fue presentada por el gobierno del MAS y su equipo jurídico.

Recién hoy, con el lapidario y radical fallo de la CIJ podemos medir –tras el espejismo colectivo en el que hemos vivido debido a la gigante manipulación propagandística del MAS respecto de la demanda en La Haya– el daño que el gobierno de Evo Morales le ha hecho a nuestra causa marítima.

Los esfuerzos bolivianos durante todo un siglo para reivindicar internacionalmente en el plano jurídico nuestro derecho al mar se han hecho añicos. Gracias a Evo Morales hemos sufrido la peor derrota jurídica internacional respecto de la histórica causa marítima del país. Ahora Chile puede argüir, apoyándose en el fallo de la CIJ, que no tiene ninguna obligación legal de negociar una salida soberana al mar para Bolivia.

Revertir a partir de ahora las cosas a favor de nuestra causa marítima tomará lustros, si no décadas. Evo Morales no puede tapar su responsabilidad con un dedo, ni con excusa alguna, respecto del inmenso e histórico daño que su agresividad y la displicencia jurídica de su equipo de abogados le han hecho a Bolivia. Si alguien es responsable de lo ocurrido, ese es Evo Morales, ningún otro.

Dada la gravedad del fallo en La Haya y ante el fracaso absoluto de la desencaminada judicialización de la histórica reivindicación marítima de Bolivia por parte del MAS, lo único que corresponde es que Evo Morales renuncie a su cargo como Presidente de Bolivia. Nada menos puede exigirse y plantearse ahora. Nada menos que esto debe demandarse en las masivas concentraciones del próximo 10 de octubre, cuando todos salgamos a defender la democracia y el referendo del 21 de febrero de 2016. Lo ocurrido obliga a Evo Morales a responsabilizarse.

Ricardo Calla Ortega es sociólogo.