La Ley de Partidos necesita actualizarse, no sólo para garantizar la competencia abierta y democrática de fuerzas populares con ideologías distintas, pero todas en pos de gobernabilidad para "servir a sus bases", cuando el principio ideológico debería ser de servicio al pueblo, aunque se trate de un eslogan gastado y poco eficiente, por lo mismo de dudoso efecto en el conglomerado de nuestra sociedad.

Una renovada Ley de Partidos Políticos debe apresurarse en su elaboración global, en debatirla y consensuarla para que la colectividad encuentre en el tiempo preciso una opción de incluirse en algún partido coincidente con sus principios y anhelos para poder encarar una abierta campaña que promueva fines y objetivos de lucha principista, pero al mismo tiempo de expectativas que sean la base de programas realizables y no simplemente demagógicos.

Esta es la cuestión, como se observa recientemente con una situación que surge en un partido de oposición y del cual sin renunciar se alejaron tres de sus miembros que justamente tienen responsabilidad parlamentaria, lograda a través del voto, se supone de sus adeptos partidarios y que perderían por pensar diferente al jefe, aunque sin alterar sus principios ideológicos, sólo descontentos con algunas posiciones más personalistas que de orden partidario. Ojo, es importante señalar, que ser militante de un partido, cualquiera sea este, no es un compromiso cerrado a la libertad de pensar, opinar y sugerir correcciones al jefe o a los compañeros de sigla y bandera partidista. Lo que no se admite es que se pueda cometer traición o transfugío sin tener el valor suficiente de renunciar primero a su tienda política, exponiendo motivos y justificativos éticos y morales.

Lo que está en el tapete de la oposición, es la devolución de los curules por parte de los parlamentarios observados, y la defensa de estos es simple, al indicar que la representación parlamentaria se la ganaron con el voto del pueblo al que seguirán sirviendo mientras dure su mandato.

Las posiciones están encontradas como se dice al detectarse un conflicto, pero la realidad del presente obliga a un análisis profundo de la situación para entender un problema político partidario, que tiene filudas aristas que deben limarse a través del diálogo, pero que deberían eliminarse con el adecuado reglamento de una renovada Ley de Partidos Políticos, que regule la funcionalidad de estos organismos participativos que a nombre del pueblo y su voto, todavía quieren imponer criterios de verticalidad partidaria, cuando la fuerza del movimiento ciudadano está creando su propia fuerza, para defender la vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos.

El transfugio no es reciente, al contrario es una acción recurrente que ha sacudido estructuras de enormes tiendas políticas, la prebenda y sus consecuencias son factores colaterales que pueden alterar o mínimamente empañar la imagen de personas e instituciones políticas, las más vulnerables a la comisión de delitos.