En la misma jornada el contralor general del Estado, Henry Ara, adelantó que la auditoría del caso Mochilas II, por la adquisición de 91.300 bolsos en 11,1 millones de bolivianos en 2017, identificó una asociación delincuencial en la Alcaldía de Cochabamba.

Añadió que esa es la principal hipótesis que manejan luego de una revisión rápida de los documentos, por lo que, presentaron una denuncia en la Fiscalía. Por otro lado, la Contraloría General se adhirió a la querella por sobreprecio en la compra de seguros para el municipio en la gestión 2017.

Audiencia

La defensa de la autoridad señaló que correspondía  la modificación de medidas cautelaras, porque se cumplió con las determinaciones de la  juez  y de los vocales de Sala Penal Segunda, que el pasado 17 de agosto en una audiencia de apelación ratificaron la detención domiciliaria.

“Nosotros hemos probado que el Alcalde está cumpliendo con las medidas sustitutivas tal como indicaron en la audiencia de apelación. Primero se pagó la fianza de 200 mil bolivianos, tiene arraigo y está con detención domiciliaria”,  indicó el abogado Humberto Trigo.

El elemento fue  descartado en la parte resolutiva por la jueza anticorrupción Marisol García con el argumento que la resolución anterior no es de su competencia.

Los abogados alegaron que  su defendido debe volver a trabajar en la Alcaldía porque la detención y falta de un salario afecta los derechos de su familia.

Los abogados de Leyes presentaron un informe social que señala que la falta de ingresos económicos vulnera el derecho a  la educación y salud de los tres hijos y la esposa del Alcalde.

Sin embargo, este aspecto fue desvirtuado por  el Ministerio Público con  otro informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que establece que Leyes tiene saldos altos en bancos.

“Hemos acompañado la certificación de que los funcionarios que están involucrados en el caso de las mochilas ya no trabajan (...) No hay riesgo de fuga porque la situación del Alcalde desde el 21 de abril cambió”, manifestó Trigo, quien calificó de ilegal la determinación y adelantó que apelarán formalmente la decisión.

En tanto que el fiscal superior, José Manuel Gutiérrez, afirmó que el dictamen fue acertado, porque Ministerio Público y las partes coadyuvantes demostraron que persisten los “riesgos”.

“Hemos presentado un informe de la Contraloría General del Estado, que determina las mismas irregularidades detectadas en el proceso de contratación. Hemos adjuntando declaraciones de testigos e informes de la Policía que demuestran la probabilidad de autoría y la subsistencia de riesgos en la situación del señor Leyes”, mencionó.

Gutiérrez aclaró que la Fiscalía continúa en etapa de investigación, por lo que aún no corresponde decir que se esté en puertas de formular una acusación.

“Todavía no concluyó la investigación, no descartamos presentar nuevos elementos”, dijo el Fiscal Superior.

NUEVAS DENUNCIAS COMPLICAN A LEYES

El abogado del alcalde José María Leyes, Humberto Trigo, dijo que una nueva denuncia contra su cliente por el presunto sobreprecio de más de 29 millones de bolivianos en la compra de equipos, cámaras y torres de comunicación, para el proyecto denominado “Ciudad Segura”, complicó más  su situación legal.

SUÁREZ DEBE INICIAR PROCESO A ALCALDE

El contralor general del Estado, Henry Ara, ratificó ayer que la
la alcaldesa suplente Karen Suárez debe iniciar un proceso penal contra el alcalde José María Leyes y otros funcionarios por presuntos delitos de corrupción en la adquisición de  mochilas para 2018.

“Hemos encontrado irregularidades en el proceso de contratación. Nos llama la atención que los términos de referencias no eran claros. Existe un direccionamiento, hay  acciones de funcionarios  tipificados como delitos. Tenemos la hipótesis de que se trata de una asociación delincuencial”, declaró.

INFORMES REVELAN ROCES ENTRE LEYES Y CUSTODIOS

REDACCIÓN CENTRAL

El Ministerio Público presentó en la audiencia de modificación de medidas cautelares dos informes policiales que revelan que las relaciones son tensas entre el Alcalde suspendido y sus custodios, según lo que se conoció luego de la audiencia, ayer.

El primer informe corresponde al comandante de la EPI Norte y manifiesta que el Alcalde obstaculiza el trabajo de los uniformados al privarles de servicios básicos y otras comodidades que deben tener para realizar de forma eficiente su trabajo.

El segundo informe de un custodio señala  que la presencia de algunas personas, consideradas “guardias civiles”, evita que pueda cumplir con las tareas para las que fue designado en la casa de la suegra de José María Leyes, en la zona norte.

La defensa de la autoridad edil rechazó las acusaciones  y  expresó que más bien  se sorprendió a los custodios filmando a los hijos de Leyes, cuando sus competencias son otras.

Asimismo, reclamó que  le parece un exceso que cada dos horas los custodios tengan que tomar contacto visual con Leyes.