La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se declaró preocupada por la nueva Ley de Organizaciones Políticas (LOP) porque obliga a los medios de comunicación del sector privado a publicar avisos electorales de manera gratuita en detrimento de su situación económica.

El presidente de la SIP y director del diario peruano "La República", Gustavo Mohme, indicó que la norma "es un nuevo atropello a las finanzas de los medios independientes" de Bolivia.

"Esta legislación mantiene la línea gubernamental de imponer y utilizar a los medios privados como un instrumento más para la ejecución de sus políticas y decisiones", manifestó Mohme, según un comunicado de esta institución.

En el artículo 74 de la LOP, promulgada el 1 de septiembre, se establece que "en períodos electorales, los medios de comunicación audiovisuales e impresos que se habiliten para la difusión de propaganda electoral cederán gratuita y obligatoriamente al Órgano Electoral Plurinacional la misma cantidad de espacio y tiempo que éste les contrate para la implementación del fortalecimiento público".

Por su parte el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del portal mexicano "La Silla Rota", Roberto Rock, agregó que "esta es una nueva estocada contra la salud económica de los medios, especialmente para los periódicos al tener un espacio finito de publicación en comparación a medios electrónicos y digitales".

Siguió: "a diferencia de la televisión y la radio, que usufructúan el espectro radioeléctrico como bien público, los periódicos no son un sujeto jurídico que puedan ser sometidos a este tipo de regulaciones, que (tienen) un carácter confiscatorio y marcarían un precedente funesto para la vida y la economía de la industria en Bolivia", manifestó.

En febrero, la ANP denunció ante la CIDH la asfixia financiera contra medios de parte del Gobierno, así como la censura manipulada a través de la publicidad estatal y la autocensura promovida por leyes.

Desde 2010, las radios, canales de televisión, periódicos, revistas y portales de noticias están obligados a difundir de manera gratuita campañas de Gobierno.

Mohme y Rock expresaron que estas medidas discrepan con principios contenidos en la Constitución porque nadie puede ser obligado a prestar un servicio sin su consentimiento y sin justa retribución.