La ley de organizaciones políticas ha devuelto a los partidos el protagonismo de mediación entre el Estado y la sociedad, un mecanismo de la democracia representativa que no ha podido ser definitivamente superado por la llamada democracia participativa y directa. Está forzando a los partidos a salir de su anomia, a despertar de su letargo durante el cual un solo partido ha ocupado todo el espectro político durante más de una década. No fue precisamente la caída de popularidad del partido gobernante el despertador de los partidos y de sus líderes, fue la nueva ley que sonó como un timbre, un llamado a sus deberes formales de presentar sus listas de militantes, elegir a sus candidatos para las próximas elecciones, y en gran medida legitimar el sistema político. Los partidos no pueden negarse a participar en el proceso electoral sin el riesgo de perder su existencia y su razón de ser, y están obligados a acatar las reglas aprobadas con las formalidades procedimentales de la Asamblea Legislativa sin oportunidad para modificarlas, ni de rebelarse contra las rigideces de una agenda electoral diseñada según los intereses del oficialismo.

La maniobra del MAS presiona a la potencial oposición, sin dar tiempo para soñar con una nueva Bolivia, a pensar en una alternativa real, incluso a tener por naturales las distorsiones de las banderas del movimiento indígena. Las ideologías surgidas en tiempos del liberalismo colonial nunca comprendieron la perspectiva anticolonial de la historia de Bolivia. El socialismo construyó su estrategia revolucionaria con un sujeto motor ficticio, la clase obrera, que sólo existía en su imaginación, o la teoría que la suponía; el liberalismo colonial tampoco percibió al indio más que en términos sepulvedianos, un sub humano, un lastre para el progreso y la modernización occidental. El prejuicio como ideología ocupó el lugar de la teoría.

Ya sabemos que el MAS llegó al poder sobre la ola de descontento social y la crisis de representatividad indígena popular de los partidos. La frustración y rechazo a los partidos tradicionales movilizó al electorado indígena popular para votar masivamente contra los partidos tradicionales, con la esperanza de que un candidato de origen indígena, con la aureola de moralidad indígena, moralizara la política; podía ser la solución largamente esperada para la profundización de la democracia en una perspectiva intercultural. La principal reforma democratizadora de la década del 90, la Ley de participación popular, promovió al candidato de origen indígena con el formato de una amplia alianza corporativa con las organizaciones sociales. Para la cúpula del MAS acceder al poder no fue una elección cualquiera, sino una verdadera captura del poder, al igual que en Cuba, Venezuela o Nicaragua, claro está, con los matices del caso.

Los fundadores del MAS, los cocaleros, los campesinos, dirigentes y otras organizaciones, fueron el medio para llegar al poder y, una vez en él, sus socios de la vieja izquierda se apropiaron con pretensiones de ejercerlo indefinidamente. Para el MAS su mayor patrimonio político es su candidato indígena, convertido en caudillo insustituible, es el punto de unión entre el partido y sus electores, aunque también es un Presidente que no gobierna. Se ha establecido un nivel de empatía entre el caudillo indígena y los electores como un vínculo identitario, cuya eficacia electoral rebasa los costos sociales y los costos económicos que suponen la corrupción, pero, sobre todo, los efectos perversos de la desinstitucionalización del Estado. El MAS asume cierta amoralidad revolucionaria por la que la Constitución y las leyes sólo son acatadas si éstas contribuyen a la conservación del poder, desplazando a un segundo plano la esperanza de sus propios electores. Su carta más inmediata es la Ley de Organizaciones Políticas, con el cálculo de impedir la competencia en sus afanes re-electoralistas, al introducir un incordio entre las “plataformas” y los partidos. Pero tampoco es impensable que las elecciones del 2019 terminen en otro fracaso para el MAS, como el referendo del 21F (2016), convocado antes de extinguirse los últimos estertores de la celebración de las elecciones nacionales, con un incuestionable NO a la re-reelección, recurriendo acto seguido al TCP para allanar la repostulación de sus caudillos, mediante un fallo basado en una mañosa interpretación del Art. 23 del Pacto de San José, provocando un rechazo generalizado de la ciudadanía. Así mismo, el MAS está decidido a usar propagandísticamente el fallo de La Haya, con el discurso que el mar nos une, o incluso proyectando el sofisma de que el apoyo al MAS se convierte en una condición de éxito de nuestra demanda marítima. Es muy posible que en última instancia el MAS recurra a torcer las reglas electorales si fuera necesario para declararse ganador; entre tanto el discurso exitista de su gestión pueda muy bien disimular su inconsecuencia con los objetivos políticos del movimiento indígena popular que lo llevó al poder.

La oposición también razona en términos meramente electorales, se suma al afán de la búsqueda del poder por el poder, sin ninguna razón ideológica, ni una utopía que realizar; en su aspiración de poder no existe el fin ético y político, o se da por sentado que el fin político ya fue resuelto por el modelo occidental de progreso propuesto por los modernistas; de modo que todo su esfuerzo gira en torno a las estrategias de cómo alcanzar el poder: superar la temida sobrevivencia, y ser capaz de arrebatárselo al MAS.

Las estadísticas están jugando un papel muy importante en la actual coyuntura electoral, tienen un efecto imposible de ignorar; a tal punto que las primeras escaramuzas entre oficialismo y oposición sólo se las puede apreciar en las encuestas conocidas. Las opciones de la oposición están siendo definidas por el supuesto apoyo que van logrando los potenciales candidatos, haciendo una interpretación muy técnica de las inestables curvas de subidas y bajadas, pero insuficientes para sondear la subjetividad del electorado.

La pugna electoral debe remitirnos a las causas que explican la lealtad de los electores del MAS y la formación de una nueva mayoría de electores que esperarán ansiosamente una oportunidad para la alternabilidad. Las “Plataformas” son los núcleos más activos de una embrionaria forma de representación popular, pero no son toda la mayoría descontenta; los partidos que han renovado su mandato de mediación en virtud de la Ley de organizaciones políticas, no están en condiciones de asumir el reto de ser la alternativa de poder, a menos que tomen conciencia de la importancia de resolver sus problemas de representatividad indígena popular. La chequera puede ser importante, pero carece de un poder mágico. El electorado espera un candidato que sea la verdadera alternativa por el que pueda votar sin volver al pasado.