El organismo internacional pidió a los líderes políticos “proponer e implementar nuevas formas de vigorizar la democracia y buscar respuestas a los desafíos sistémicos que enfrenta”. La posición del organismo internacional es firme, clara y categórica cuando se trata de defender los derechos humanos como base de la democracia porque no sería correcto que se acepte en el mundo la presencia de dictaduras o tiranías que contravengan los principios básicos de vida de las naciones y, sobre todo, que sean prioritarios en absoluta libertad de la vida de los ciudadanos.

“Respetar la voluntad del pueblo” implica que los gobiernos están obligados a cuidar, preservar y respetar todo lo que el pueblo les pida porque el poder que tienen los gobiernos emana de la voluntad del pueblo que, en elecciones libres, ha confiado a los políticos el manejo consciente, responsable, honesto y digno de las riendas de una nación.

Para muchos políticos, imbuidos de criterios equivocados de que “sin ellos se acaba todo bien para los países” y por ello buscan su permanencia indefinida en el poder, son claras las previsiones previstas en principios democráticos y, sobre todo, en reglas claras sobre los derechos humanos. Violentar esos principios es ilegal y contrario a los derechos humanos; adulterar bajo consignas lo que las leyes sustantivas de un país establecen y no cumplir con sus previsiones es, simplemente, atentar contra los derechos humanos y actuar fuera de las normas de un sistema democrático que, sobre todo, establece que “todo gobierno está obligado a respetar la voluntad popular”.

El mensaje de la ONU es, pues, claro y terminante y está dirigido a quienes buscan la permanencia indefinida en el poder de una nación alegando la “imposibilidad de que nadie pueda hacerlo mejor”. Pero ellos mismos comprobaron que el pueblo cuenta con muchísimos valores que pueden cumplir amplia y eficientemente los principios de alternabilidad en el gobierno de un país cuyo pueblo expresó su voluntad para que la permanencia en un cargo en servicio de la nación esté limitada por reglas claras de la Constitución.