Medio: El País
Fecha de la publicación: sábado 29 de septiembre de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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“Ya hemos terminado lo que viene a hacer el trabajo de lo que viene a ser el trabajo de Mochilas II, donde hemos encontrado acciones de los funcionarios que estarían tipificadas como delitos (…) Sobre ello justamente ha versado nuestra denuncia ante la Fiscalía”, manifestó.
Acotó que en el caso “Mochilas I” se “ha generado la denuncia, si no me equivoco, el viernes de la anterior semana o este lunes”.
Detalló que la Contraloría General del Estado determinó que en la revisión del proceso de adquisición del caso Mochilas I se detectó que la programación de esa labor no tuvo un estudio previo y que “no existen los términos de referencia claros”.
Ara sostuvo que se determinó que existió, al parecer, un “direccionamiento claro hacia una empresa” para que se beneficie con la compra de las mochilas escolares.
El Contralor General del Estado manifestó, por otro lado, que en el caso Mochilas II se estableció que hubo un similar modo de operación.
“Sólo que en este caso se ha sumado el tema de tentativa porque al no haber habido la cancelación, no, directamente no existe el daño económico como tal”, sostuvo.
El caso “Mochilas I” comenzó a investigarse el 3 de abril, desde que la concejal del MAS, Rocío Molina, denunció que la empresa accidental “26 de Febrero” pagó más de Bs. 2,3 millones por la compra de mochilas y útiles escolares para este año, pero el Gobierno municipal comprometió pagarle Bs. 12,4 millones por ese material educativo.
El caso “Mochilas II” se refiere a una denuncia planteada el 26 de abril por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción por la presunta compra municipal con sobreprecio de 91.300 mochilas escolares en 2017.