Los problemas que se han presentado en los comicios autonómicos del 22 de marzo pasado terminaron de evidenciar una serie de distorsiones y vacíos en el régimen electoral boliviano.

A diferencia de los cuestionamientos sobre la calidad del Padrón Electoral, el conteo de votos o la transparencia, estas falencias hoy tienen que ver con el registro y participación de partidos y candidatos, y las decisiones del ente electoral.

Las irregularidades han sido múltiples: falsificaciones en el registro de militantes que no fueron sancionadas, inhabilitación inicial del 80% de los candidatos registrados, sustituciones a último momento, papeletas con candidaturas anuladas, denuncias de cobros por postulaciones y retiro de candidatos sin ningún argumento consistente.

Todo esto no solo refleja la degradación extrema de los partidos, sino también la ineficacia del sistema y la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar la transparencia y la legitimidad de los procesos.

El origen de este escenario crítico es el bloque normativo que rige al sistema electoral. La Ley 026 del Sistema Electoral, la Ley 1096 de Organizaciones Políticas y la Ley 018 del Órgano Electoral, fueron diseñadas para asegurar la permanencia en el poder de un régimen autocrático que pretendía “quedarse 50 años”, y aprobadas por parlamentarios con muy poca formación y escaso interés por respetar los principios democráticos.

Redactadas con una sobrecarga ideológica, ambigüedades y vacíos que permiten la discrecionalidad, estas leyes resultaron muy eficaces para controlar las reglas del juego, condicionar el comportamiento de partidos y votantes, eliminar selectivamente candidaturas opositoras y administrar cada parte del proceso dentro de límites que no amenacen la continuidad en el ejercicio del poder de quienes gobernaban cuando se sancionaron esas normas.

Así, asignaron escaños que sobrerrepresentan mayorías, diluyeron el voto opositor y duplicaron competencias entre instituciones. En el fondo, institucionalizaron la desigualdad, manteniendo una apariencia de legalidad democrática.

Como la creación de un marco normativo favorable no era suficiente para sus fines, se requería controlar la institucionalidad que lo implementara. Con este propósito, se eligieron vocales obsecuentes que abandonaron el rol de árbitros independientes y pasaron a ser operadores partidarios que ejercían el control mediante la interpretación parcializada de reglas, inhabilitación de candidatos opositores, cancelación de partidos, tolerancia frente al uso de recursos estatales por el oficialismo y –en el extremo– manipulación de resultados.

De este modo, la institucionalidad electoral actuó como un filtro político destinado a legitimar y reproducir el poder existente mediamte elecciones delineadas para garantizar resultados previsibles, simulando la transparencia en los comicios y limitando la competencia real.

Para consolidar definitivamente el control, dispusieron que el Tribunal Constitucional definiera cuestiones que eran inherentes al Órgano Electoral, lo que neutralizó su autonomía y produjo graves distorsiones jurídicas como el “derecho humano” a la reelección indefinida.

Fue necesaria una movilización de todos los bolivianos (críticos con régimen) para detener este esquema. Sin embargo, la derrota del MAS y su salida del sistema de partidos no solucionó el problema; al contrario, dejó al descubierto sus efectos: desorden, incertidumbre, pérdida de legitimidad, discrecionalidad y opacidad jurídica.

Está comprobado que sin una reforma estructural del sistema electoral, no es posible garantizar el ejercicio pleno del derecho al voto ni la autenticidad de la representación política, y nuestra democracia seguirá siendo frágil.

El desafío no es menor. Se requiere un nuevo pacto político que restituya reglas claras, garantice la independencia de las instituciones electorales y redefina el sistema de partidos sobre bases más transparentes y equitativas.

Necesitamos desideologizar las leyes electorales, crear un modelo de representación política sin privilegiados ni excluidos, cambiar el sistema de elección de vocales, transparentar las decisiones del TSE, modificar los requisitos para ser candidatos, sancionar el incumplimiento de los programas y ofertas electorales, eliminar la designación presidencial de vocales, reglamentar los mecanismos para la creación de partidos, digitalizar la votación, y garantizar la independencia del Órgano Electoral.

El problema ya no es únicamente normativo ni administrativo: es profundamente político e institucional. Mientras el sistema electoral siga siendo una herramienta de control y no un garante de la voluntad popular, cualquier elección estará bajo sospecha.

Recuperar la credibilidad pasa por desmontar esta arquitectura de poder y reconstruirla sobre principios de independencia real, competencia efectiva y reglas equitativas. De lo contrario, la democracia boliviana seguirá atrapada en un simulacro donde se vota, pero no se elige.