En La Paz, la elección a gobernador ha derivado en una controversia abierta. Se enfrentan quienes cuestionan la decisión del Tribunal Electoral de no llevar adelante el balotaje y quienes la defienden. En ese escenario, conviene detenerse en el problema de fondo.

La objeción que ahora se plantea a la facultad del partido NGP para retirarse de la contienda electoral revela, una vez más, una confusión sobre la naturaleza de la representación política. Se discute si el partido podía o no tomar esa decisión, como si se tratara de un abuso frente al candidato. Pero la ley es clara: la organización política es la que postula, y es también la que asume las decisiones que derivan de esa postulación.

El ejemplo del taxi al que se le indica el destino que uno desea resulta, por ello, profundamente equivocado. Un partido político no es un vehículo de transporte y un candidato no es un pasajero que paga por un servicio. Esa comparación, lejos de aclarar, desnuda el verdadero problema.

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Porque en Bolivia se ha instalado una práctica dañina. Se ha difundido la idea de que cualquier persona puede “subirse” a un partido como quien alquila un vehículo electoral para llegar al poder. Cuando eso ocurre, el vínculo entre representación y ciudadanía se rompe.

Las recientes elecciones nacionales han sido una muestra evidente. Hubo candidaturas que se montaron sobre siglas que no les pertenecían ni los representaban. Se utilizaron partidos como el Frente Revolucionario de Izquierda o el Partido Demócrata Cristiano sin que existiera afinidad ideológica alguna. Ni unos eran revolucionarios de izquierda -sino todo lo contrario-, ni los otros eran militantes de la democracia cristiana.

El mismo fenómeno se repitió en la elección de alcaldes y gobernadores. La proliferación inédita de candidaturas abrió espacio a siglas desconocidas, muchas de ellas sin estructura, sin vida orgánica y, en algunos casos, con propietarios más que con dirigentes. Es en ese contexto que aparece Nueva Generación Patriótica (NGP), un grupo prácticamente desconocido, sobre el cual se ha señalado, incluso en declaraciones públicas, la existencia de ofertas económicas para viabilizar candidaturas. A ese “taxi” se subió, como si se tratara de un medio disponible, el candidato que hoy reclama haber sido bajado “a mitad del río”, cuando fue la organización la que decidió no concurrir al balotaje.

El problema no es, entonces, quién tiene la última palabra en este caso concreto. El problema es que hemos vaciado de contenido a los partidos políticos. Han dejado de ser una expresión política para convertirse en un simple instrumento. Los hemos reducido a cascarones que se alquilan o se venden al mejor postor.

Y mientras eso ocurra, seguiremos atrapados en discusiones estériles. Se debatirá si prevalece el partido o el candidato, cuando en realidad ninguno de los dos está cumpliendo su función esencial.

Bolivia necesita reconstruir sus mecanismos de representación política. No partidos con dueños “hasta de los ceniceros”, como bien se dijo alguna vez, sino organizaciones con estructura, con identidad y con democracia interna real. Partidos que no sean vehículos circunstanciales, sino espacios de articulación entre la sociedad y el poder.

También es deseable que quienes aspiran a funciones de relevancia pública no recurran a la práctica de rentar “vehiculos políticos”. La legitimidad no se arrienda; se construye.

Porque cuando los partidos se convierten en instrumentos de alquiler y los candidatos en simples pasajeros, la representación deja de ser un mandato y se convierte en un negocio.