Para el vicepresidente Álvaro García Linera, en el referéndum del 21 de febrero de 2016 hubo un "empate democrático", que debe resolverse con un "desempate" en las elecciones de octubre de 2019.

"En el referéndum del año 2016 hubo un empate democrático en términos reales y ese empate democrático debe resolverse con un desempate democrático y se va a dar el año 2019", declaró.

Si la oposición que lidera el No a la repostulación de Evo Morales y García Linera obtiene mayor votación en las próximas elecciones "se harán cargo del Gobierno y todos tranquilos", señaló.

Lo mismo ocurrirá con el otro 49% que le dijo Sí a la opción de que Morales vuelva a ser candidato.

"Entonces el voto es el que va a dirimir un empate electoral. El 21 de febrero de 2016 ha de ser desempatado en octubre del año 2019", precisó la autoridad.

Se refirió al tema tras ser consultado sobre cómo está la democracia en el país, después que el presidente Morales, en su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, señalara que a Estados Unidos no le interesa la democracia.

"Qué más democrático puede haber que eso, que los empates electorales se los resuelva mediante desempates electorales y eso es lo que nosotros estamos garantizando y nos estamos preparando para ir a ese desempate electoral", sostuvo.

En el referéndum del 21 de febrero de 2016 ganó la opción No con el 51%, para que no se modifique el artículo 168 de la Constitución, que establece que el presidente y vicepresidente tienen un mandato de cinco años y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua.

Mientras que la opción Sí a la repostulación de Morales y García Linera obtuvo el 49%. El Tribunal Supremo Electoral proclamó como ganador a la opción No, a pesar de la diferencia.

En consecuencia, de acuerdo con estos resultados, los mandatarios no podrían postularse en las elecciones de 2019, sin embargo, el MAS acudió al Tribunal Constitucional y logró que éste avale la repostulación de todas las autoridades electas, entre ellas Morales y García Linera.

El Tribunal Constitucional interpretó que no existen restricciones o límites para la postulación de las autoridades electas en "aplicación preferente" del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos por encima de la Constitución.