Organizaciones campesinas e indígenas de todo el país comenzaron a articular medidas de presión para exigir la anulación de la Ley 157, que habilita la conversión voluntaria y expedita de la pequeña propiedad agraria a mediana, al considerar que dicha norma viola tres artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y sienta las bases para la reconcentración de tierras y el retorno del latifundio, figuras prohibidas por ley.

De acuerdo con un reporte de la Fundación Tierra, el representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Severo Marca, rechazó la aprobación de la normativa y exigió el cierre del parlamento. “Han aprobado el Proyecto de Ley 157. Así nuestros terrenos pueden ser hipotecados, con préstamos, pero cuando no podamos pagar, esto va a beneficiar a la banca y a empresarios. Repudiamos este accionar”, afirmó. En ese marco, sostuvo que su sector participará de un cabildo, el 11 de abril, en el que se pedirá la reducción de salarios de los parlamentarios.