LA PATRIA recurrió al ente colegiado de profesionales abogados, para aclarar el panorama ante la ciudadanía, en base a criterios que emite de manera neutral esta instancia, que expresó que al ser un caso conocido el que involucra al alcalde suspendido de Oruro, es pertinente darle pautas a la ciudadanía sobre los hechos que acontecen en torno al proceso.

"En un análisis y seguimiento de forma estrictamente jurídica, hemos podido percibir que la autoridad suspendida fue beneficiada con la detención domiciliaria y en una anterior audiencia ha tenido la restricción de tener contacto con los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Oruro, por lo que consideramos que legalmente este sería un impedimento que restringe la presencia de Edgar Bazán en lo que implican los ambientes de la Municipalidad, ya que no puede tener contacto directo con sus subalternos", explicó el presidente del Colegio de Abogados de Oruro, Saúl Fuentes.

Manifestó que en el manejo de la lógica, con la medida interpuesta contra el alcalde suspendido, de no acceder a ningún contacto con los funcionarios, será difícil que se pueda cumplir la misma si es que retornaría a sus funciones, ya que de manera obligatoria debe dialogar con quienes ejercen labores en la Municipalidad, por tanto, se estaría infringiendo lo dispuesto que tiene el fin de evitar que se entorpezca la investigación que todavía está en curso.

Fuentes aseveró que la vía para que Bazán tenga la oportunidad de retomar la silla edil, es primero pasar por una audiencia de modificación de medidas cautelares, para que se deje sin efecto la restricción de mantener contacto con los funcionarios ediles, pero que esto debe suceder en base a los actuados procedimentales que determinen las instancias judiciales que llevan adelante el cargo.

En cuanto a los garantes y las observaciones de los querellantes, de que entre los mismos algunos serían funcionarios públicos de la Alcaldía, sostuvo que entre los requisitos están que sean fiables y abonables, para que garanticen que la persona con detención domiciliaria no incumpla la medida y pague todos los gastos de una posible fuga, no existiendo el inconveniente de que sea parte de la institución municipal.