Expertos en materia electoral han planteado seis propuestas para el ciclo electoral 2025 y 2026 con la finalidad de que estos procesos electorales sean más transparentes, sólidos y confiables para los actores políticos, sociales, y la ciudadanía en general.

La delimitación de las circunscripciones, elaboración de encuestas, elaboración de programas de gobierno, exposición de las actas de cómputo, auditorías informáticas y recomendaciones de misiones de observación electoral, son los seis temas transversalizados por la transparencia activa.

“Estas acciones son de vital importancia en un contexto de polarización, desconfianza, discursos y acciones que buscan menoscabar la institucionalidad democrática en beneficio de algunos actores políticos”, según el documento: Propuestas técnicas para elecciones sólidas y confiables.

Los expertos de la Fundación Jubileo y la Observación Ciudadana de la Democracia identifican que el problema central es la disminución de autonomía y capacidades institucionales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en las últimas décadas acompañada de la reducción de la confianza ciudadana.

La propuesta se ha centrado en los desafíos inmediatos y de corto plazo, con miras a las elecciones de 2025 y de 2026, no obstante, estas propuestas no agotan las muchas y varias oportunidades para mejorar el sistema democrático, la organización y desarrollo de procesos electorales, especialmente en el mediano y largo plazo.

“Se destaca la necesidad de fortalecer el sistema de justicia electoral en Bolivia. La propuesta central es separar las funciones administrativas y jurisdiccionales en dos organismos independientes. Justamente, esta cuestión requiere de reformas más profundas y de la preparación de infraestructura y capital humano altamente calificado”, destaca el texto en la parte de sus conclusiones.

La Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), la Fundación Jubileo, la Embajada de la República Federal de Alemania y el Institut für Auslandsbeziehunguen han impulsado el análisis de estos temas electorales con el propósito de recuperar la confianza, rumbo a las elecciones generales de agosto de 2025 y de las elecciones subnacionales del próximo año.

La coordinadora de la Alianza OCD, Sandra Verduguez, presentó a través de una nota formal el documento que contiene la propuesta técnica, dirigda al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel. 

Las seis propuestas son:

Delimitación de las circunscripciones

Según el análisis, la distribución interdepartamental de escaños no es un fenómeno problemático porque cuenta con un alto grado de tecnicismo que puede dar al proceso una fuerte legitimidad. La Ley de Distribución de Escaños entre Departamentos ha sido promulgada y ahora está vigente.

Sin embargo, tras esa etapa de distribución queda el desafío del proceso de redistritación de circunscripciones uninominales. Los desafíos y propuestas abordan tres elementos: lo político, lo técnico, y lo normativo.

En el aspecto político se recomienda al Tribunal Supremo Electoral (TSE) tomar una postura más proactiva en el proceso de delimitación de circunscripciones uninominales en cuanto al involucramiento de distintos actores. Aconsejan una convocatoria amplia de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas con personería jurídica. 

En cuanto a lo técnico, en primer lugar, se sugiere tomar medidas para disminuir la alta desviación poblacional que presentan algunas circunscripciones en la actual delimitación, como la circunscripción 39 en Potosí y la 14 en La Paz. En segundo lugar, apunta a desarrollar directrices claras y que además sean transparentes sobre el procedimiento técnico que utiliza el OEP para la delimitación de circunscripciones.

Respecto a lo normativo, plantea realizar modificaciones al Reglamento de Delimitación de Circunscripciones Uninominales aprobado y utilizado en 2014 para disminuir la desviación poblacional máxima permitida, dado que ha sido catalogada como extremadamente amplia.

“Se puede pensar otra fórmula o forma de cálculo que resulte en una desviación poblacional permitida más baja. De igual manera, se debe considerar que las decisiones puramente técnicas son deseables en el proceso electoral en la medida en que fortalecen la calidad del mismo; en este caso, el resultado tan alto del cálculo matemático no es favorable para la calidad de las elecciones”, dice el documento.

Elaboración de encuestas

Consideran que, si bien el Reglamento de Elaboración y Difusión de Estudios de Opinión en Materia Electoral en Procesos Electorales, Referendos y Revocatorias de Mandato aprobado en septiembre de 2020 es bastante sólido, se identificaron dos aspectos que se deben mejorar.

Una de las primeras recomendaciones es que los medios de comunicación muestren la ficha técnica antes de exhibir los datos para una mayor comprensión de la ciudadanía. Por otra parte, que el margen de error incorpore otras desagregaciones ya sea nacional, departamental y municipal; y variables de sexo, edad, entre otros.

Elaboración de programas de gobierno

Consideran que es una etapa fundamental en el proceso electoral, porque permiten al electorado definir sus preferencias políticas en función de sus preferencias de política pública.

En ese contexto recomienda la necesidad de una reglamentación para definir el formato y los contenidos mínimos que debería contar un programa de gobierno, lo que facilitaría la lectura de la población.

Exposición de actas de cómputo

En relación al tema, proponen que luego del conteo de votos en cada mesa electoral, los jurados electorales cuenten con una copia oficial del acta que pueda ser expuesta públicamente sin poner en riesgo la integridad del acta oficial que debe acompañar a los materiales electorales para el organismo electoral. Igualmente, con el acta del recinto en manos de los notarios electorales. 

Consideran que la exposición de estos materiales va a permitir el control ciudadano y facilitaría la labor de las misiones de observación electoral. Se sugiere que la copia también cuente con medidas de seguridad.

La propuesta surge en el marco de la transparencia activa y para incrementar la confianza ciudadana en el organismo electoral y las elecciones en general.

Sugieren que la reglamentación también pueda considerar la foto capturada por observadores ciudadanos acreditados por el organismo electoral (ciudadanos sin filiación política), como instrumento válido de respaldo ante impugnaciones y disputas electorales que, posteriormente, deben resolver los Tribunales Departamentales o, en su defecto, el Tribunal Supremo Electoral.

Auditorías internas

Se recomienda que todo uso de tecnologías sea auditado por organizaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas o por la ciudadanía en general. Los expertos creen que el Tribunal Supremo Electoral, de manera proactiva, “puede generar espacios y/o comisiones para la verificación de este tipo de instrumentos”.

“Concretamente, se llama la atención sobre la necesidad de auditar los sistemas (software) y equipos (hardware) en el empadronamiento y el cierre del padrón para una elección determinada, el sorteo de jurados electorales, el proceso de cómputo de resultados, y un sistema rápido de transmisión de resultados preliminares. Sobre este último punto, se considera central poder contar con tal mecanismo. En caso de que se decida no hacerlo, debe haber explicaciones técnicas solventes y transparentes para mejorar la confianza ciudadana en el proceso”, plantea.

Recomendaciones de misiones de observación electoral

Las misiones de observación electoral nacionales o internacionales se constituyen en mecanismos de acompañamiento centrales en los procesos electorales y en muchos casos son determinantes para validar o no un acto electoral.

“Se sugiere incorporar una disposición en el reglamento respectivo que indique la consideración pública y deliberación de los informes por parte del TSE y/o de los TEDs. Se espera que, en el marco de la rendición de cuentas, las recomendaciones presentadas por dichas misiones reciban una respuesta respecto a su implementación, así como a las razones o motivaciones que justificarían su exclusión en el próximo ciclo electoral”, dice el texto propuesto.

En el marco de la transparencia activa y sin que sea necesariamente una propuesta de reforma, plantean que todas las actividades de los procesos electorales sean suficientemente publicitadas y difundidas. Además, el involucramiento de los actores sociales y políticos. 

Precisan que todas las propuestas presentadas son altamente técnicas, la competencia recae en el OEP, y no en otras instancias, sea en su capacidad normativa a través de reglamentos y otros instrumentos jurídicos propios, o en sus funciones administrativas y logísticas.