En 1993 bajo la Resolución 892, el Concejo Municipal de entonces transfirió cinco buses EMTA con derecho al usufructo de la línea Tiquipaya-Itocta y viceversa a José Gonzáles y hermanos. Sin embargo, los acreedores no operaron la línea al estar fuera de la jurisdicción de Cercado e iniciaron un proceso legal que tuvo como resultado la sentencia en su favor con un pago de 7 millones de bolivianos por daños y perjuicios.

“Este monto aún está en depósitos legales y no se ha cobrado, por eso hemos aprovechado como Concejo en interponer recursos y pedir la nulidad de la resolución de rechazo”, informó el concejal Edwin Jiménez.

El pasado 11 de junio de 2018, el presidente del Concejo Municipal, Iván Tellería, presentó un recurso de objeción a la resolución de rechazo de la querella contra los exconcejales. A la fecha, la Fiscalía no respondió a este recurso y se espera poder evitar el daño económico y responsabilizar a los exconcejales.

“La auditoría de 2016 que realizó la Contraloría ha establecido indicios de responsabilidad penal, ellos debieron acudir a la Asamblea Legislativa para realizar esa compra y no lo hicieron, lo más seguro es que hubo corrupción”, señaló Jiménez. El juicio se desarrolló en agosto de 2013 con participación de la Procuraduría.

FISCALÍA FAVORECIÓ A EXCONCEJALES

La Fiscalía favoreció a los exconcejales que realizaron la autorización y transferencia de los buses de EMTA, rechazando la querella presentada por el municipio en contra suya, dijeron los legisladores.

La denuncia establecía responsabilidades penales por incumplimiento de deberes y emisión de resoluciones contrarias a la Constitución.