San Ignacio de Velasco se encuentra en estado de alerta cívica tras las elecciones subnacionales del 22 de marzo, debido a la decisión de las autoridades electorales de anular más de 19.000 votos de la elección municipal. Esta situación ha generado indignación y derivó en la exigencia de una nueva votación para elegir alcalde, ante lo que consideran un escenario que vulnera la voluntad popular.

De acuerdo con los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) al cierre de edición, con el 92,1% de las actas escrutadas, de un total de 29.113 votos emitidos en ese municipio, 19.205 fueron contabilizados como nulos, lo que representa el 65,97% del total. Esta cifra responde a que los dos candidatos más votados quedaron fuera de carrera por decisiones administrativas adoptadas en la recta final del proceso electoral.

El candidato Juan Zarzar, de Asip, habría obtenido más del 50% de la votación, pero su organización política perdió la personalidad jurídica el 2 de marzo, por lo que sus votos fueron declarados nulos. En segundo lugar se ubicó Celin Jiménez Roca, de la alianza Libre, con alrededor del 17%, pero su candidatura fue inhabilitada horas antes de la votación.

En este contexto, el tercer candidato en preferencia electoral, Felman Gómez Paesano, de Creemos, con 3.885 votos (equivalentes al 14,9%), se perfila como ganador de la alcaldía ignaciana, una situación que los pobladores califican como “poco democrática” y contraria al resultado expresado en las urnas.

Respuesta cívica

La reacción no se hizo esperar. En una reunión ampliada realizada la tarde de ayer martes 24 de marzo, el movimiento cívico de la capital de la provincia Velasco determinó declarar estado de alerta en defensa de la democracia municipal y facultó a su directorio a convocar a una Asamblea de la Ignacianidad para definir medidas en caso de no ser atendidos por el Tribunal Electoral Departamental (TED).

En su pronunciamiento, los cívicos expresaron “profunda preocupación” por las decisiones relacionadas con la habilitación e inhabilitación de candidaturas, cuestionando la falta de claridad, oportunidad y transparencia, lo que, en su opinión, generó incertidumbre y desconfianza en la población.