Este domingo, los ciudadanos del departamento de La Paz irán a los recintos electorales para elegir al gobernador y los alcaldes de los municipios entre candidatos predominantemente varones. Al menos eso ocurrirá a nivel departamental y en los municipios de La Paz y El Alto, entre cuyos postulantes no hay mujeres. En Bolivia, el ejercicio igualitario de los derechos políticos es un mito.

La Constitución Política del Estado establece la igualdad de los derechos políticos de mujeres y hombres. La Ley del Régimen Electoral también define que debe haber paridad de género para la elección de autoridades subnacionales, es decir de los concejos municipales, asambleas departamentales y asambleas indígenas.

mujeres.valientes.png

Ilustración creada por Inteligencia Artificial para graficar los enormes desafíos que las mujeres sufren en la política, desde el acoso hasta la violencia

Los datos sobre las candidaturas inscritas para las elecciones subnacionales muestran ya un desequilibrio a favor de los hombres, porque solo el 42.25 de los postulantes son mujeres y la gran mayoría son varones. Sin embargo, al margen de este dato, la experiencia de vida muestra que las féminas que ejercen política son sometidas al escrutinio público, al prejuicio machista, a la exposición de su familia y al acoso y violencia personal. En realidad, la paridad de género en la política es un mito.

Cuatro mujeres que hacen política fueron entrevistadas por Urgente.bo y revelan cómo en Bolivia este campo es altamente sensible para las féminas que deciden influir en el poder público.

Participación vs. Poder real

La jefa de la Misión de Observación Electoral, Sandra Verduguez, informó que, del total de candidaturas para las elecciones subnacionales, el 42.25% corresponde a mujeres frente al 53.75% de varones.

A simple vista, se observa que no existe paridad, pero aun así la cifra no parece alarmante. La idea se desmorona cuando se analiza la jerarquía de los cargos.

Verduguez explicó que “se puede evidenciar que si bien se cumple con la paridad de alternancia en las listas de candidaturas, las mujeres tienen espacios en las suplencias, no así en las titularidades”. Esta estrategia relega a las mujeres a la invisibilidad. Entonces, lo que ocurre es que es un “cumplimiento formal de la paridad de alternancia, pero no es un cumplimiento sustantivo”, porque la mujer es colocada lejos de los “cargos más visibles y que tienen acceso al poder”.

Por su parte, Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, señala que la disparidad es más fuerte en los niveles ejecutivos. Mientras en los concejos municipales la participación femenina alcanza un 52%, en las gobernaciones la situación cambia drásticamente: “En las gobernaciones apenas llega al 47%, no se cumple una paridad absoluta en la elección para gobernadores y subgobernadores”.

También indicó que muchas organizaciones políticas interpretan el reglamento a su favor para evitar que las mujeres encabecen listas en municipios con números impares de escaños. “Van a entrar más hombres porque están en los primeros puestos”, señaló Sánchez

Para todas, la conclusión es la misma: se ha instrumentalizado a las mujeres líderes únicamente para acceder al poder, usándolas como pantallas para cumplir con la normativa formal y luego obligándolas a renunciar.

El acoso sistemático hacia la mujer en la política

Las autoridades entrevistadas afirman que las mujeres que llegan a espacios políticos sufren violencia y acoso, ya que son obligadas a renunciar a sus cargos para que los hombres ejercen el poder.

La senadora Elena Pachacute afirma que una mujer que hace política en Bolivia es sometida a un fuerte escrutinio que los varones no sufren. Se trata de un “acoso político sistemático”

“Esto es lo que ha hecho, que las mujeres no se presenten en estas elecciones subnacionales. Hay mujeres empresarias, mujeres muy capaces, que están a la altura de administrar el Estado, en este caso una gestión municipal. Sin embargo, no quieren recibir ese acoso político, esa violencia política, no quieren arriesgar su familia, su entorno, sus hijos, su esposo y su dignidad”, aseguró la senadora.

Por su parte, Verduguez afirmó que se han identificado muchas denuncias por acoso y violencia en las redes sociales, o incluso en la calle. Esto habría provocado la renuncia de dos candidatas. “Las mujeres se someten más al acoso y la violencia en las redes sociales. Hoy en día este es un tema más difícil de enfrentar, incluso para el órgano electoral”, afirmó.

Según la senadora Pachacute, hay comunidades, pueblos rurales y municipios que ponen a una mujer simplemente “de pantalla”, luego se las obliga a renunciar. Por eso, exige que se trabaje más para consolidar el liderazgo femenino.

Experiencias de violencia dentro de la política

Pachacute relata su propia experiencia al interior de la Asamblea Legislativa, donde recibió amenazas de violencia física e incluso intentos de expulsión a empujones de reuniones políticas por parte de dirigentes varones.

“Términos como decir: 'hay que cortarle las alas a esta Elena Pachacute, está creciendo, no tenemos que permitir aquello'. Incluso violencia física”, relató la senadora.

Por su parte, la Diputada Lissa Claros subraya que para las mujeres jóvenes es aún más difícil: "Hay que tener los cimientos muy estables, las mismas colegas parlamentarias entre mujeres insultan y coaccionan", afirmó.

Claros critica la escasa presencia femenina en carteras estratégicas. "Las que están en algunos ministerios son secundarios". Esta estructura se replica en todas las áreas de dirección, desde hospitales hasta alianzas políticas, donde las cúpulas siguen siendo mayoritariamente masculinas.

Una esperanza normativa hacia el futuro

Una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional defina que a partir de la próxima elección general, la del 2030, el binomio presidencial debe cumplir con la alternancia (varón – mujer o mujer – varón), pero las expertas coinciden en que la ley por si sola no es suficiente.

Exigen garantías reales para mejorar el entorno de la participación y el cumplimiento real de los propios estatutos. También romper el modelo de educación machista desde la etapa inicial. Sobre todo, sanciones que endurezcan las penas de violencia política, y que aseguren que el Órgano Electoral inhabilite a quienes no cumplan con la paridad y alternancia.