El juicio por presunta legitimación de ganancias y enriquecimiento ilícito en contra Montes y su esposa, la concejal Ruth Ponce, duró aproximadamente un mes, tras numerosas postergaciones. Entre las pruebas analizadas estuvo un informe evacuado por la Unidad de Investigaciones Financieras, que reportó presuntas irregularidades que involucraban a Montes y su entorno familiar, y se pretendía demostrar el origen de sus bienes materiales.

La abogada de Montes, Patricia Mealla Guardia, explicó que se dio un fallo emergente de una cuestión técnica y se emitió una sentencia que es el resultado y consecuencia de la investigación y las pruebas de la Fiscalía, el Ministerio de Transparencia y la Alcaldía.
“Hemos escuchado en estos días la descalificación de los jueces, descalificar a la defensa pero ha sido resultado de una prueba científica, del resultado de una prueba que ha determinado que no existe ninguna conducta ilícita y no hay enriquecimiento ilícito”, señaló.

Por otro lado, desmintió las descalificaciones que se realizaron en contra el Tribunal por haber excluido el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, pero explicó que los mismos funcionarios hicieron llegar al Tribunal las razones por las que ellos no se presentaron al juicio y fue el mismo argumento que se utilizó para no permitir el ingreso del informe.

“Ese trabajo que hace la Unidad de Investigaciones Financieras es un trabajo de inteligencia y sirve únicamente como un indicio para poner en alerta al Ministerio Público y qué investiga, pero no se puede sustentar únicamente en este informe porque es un trabajo previo y eso es lo que se ha pretendido hacer en este juicio”, declaró.

Por otro lado, los testigos negaron asistir porque argumentaron que se encuentran prohibidos de dar esta información y tienen el peso de la confidencialidad de su trabajo y no tienen la facultad de ir a juicios orales porque su trabajo no tiene labor legal. “Los fiscales nunca han investigado”, finalizó.