Una guerra electoral de baja intensidad iniciada hace rato, viene mostrando un rostro entre áspero y burlesco, a la vez, del oficialismo. Para empezar tenemos a la vista la inhabilitación de Sol.bo como partido y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo hizo con una serie interminable de observaciones y tachas, seguramente algunas motivadas correctamente, pero muchas sometidas a un microscopio escudriñador que los científicos envidiarían y que, por supuesto, al revisar los libros de registro de otros partidos se hizo de “la vista gorda”. Además, como bien señala Sol.bo, el TSE guarda un silencio de meses delatando su ánimo de perjudicar a esa unidad política, medida que, además, aún no se notificó.

Se puede suponer que obediente a algún designio superior, el TSE había reconocido la personería de un partido llamado “Acción Social Boliviano” (sic), registrado de la noche a la mañana sin observación alguna, cuya denominación nadie había escuchado jamás. Tampoco se conoce quiénes son sus dirigentes ni qué es lo que propone al país.

Por otra parte, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) de reciente promulgación, es otro hito que asumió el TSE para favorecer al MAS. El contenido flexible del proyecto respectivo de la Ley en temas que convienen al oficialismo, facilitó la manipulación final por los dos tercios de la Asamblea Legislativa para descartar o complicar a las fuerzas de oposición en la posible carrera electoral. Tal manipulación establece plazos compulsivos en tan dificultoso camino.

Así, por ejemplo, se fija enero próximo para las primarias y antes de esta consulta interna los partidos deben reinscribir a sus militantes. Por otra parte, contra el calendario tienen 75 días antes de la elección interna para dar a conocer las alianzas partidistas que pudieran darse. Deben, pues, tomar decisiones rápidas que exigen negociaciones difíciles entre partidos en el sentido de hacer coaliciones, proponer candidatos y conciliar fines y programas de gobierno.

En el fondo, lo que busca este aparato al servicio del prorroguismo es impedir la posible candidatura de Carlos Mesa, personaje que aparece en las encuestas igualando, sino supera a Evo Morales, postulación que significaría un grave riesgo para la sucesiva reelección del Presidente. En ese panorama es casi seguro que el TSE dé la espalda al referendo del 21 de febrero de 2016 y a la norma constitucional para viabilizar al binomio oficial con miras a octubre de 2019. Está claro que las evasivas del Órgano Electoral para definirse al respecto, no tienen otra finalidad que ganar tiempo.