Tórrez, quien en septiembre de 2017 presentó la querella en contra del entonces burgomaestre orureño, sustentando en que existió irregularidades en el proceso de licitación y adquisición de mochilas para el programa "Mi Carpeta", sostuvo que al cumplir Bazán con la presentación de sus garantes, goza ahora de libertad y detención solamente domiciliaria, pero que esta acción sería aparentemente en base a favoritismos de autoridades judiciales que no valoran las pruebas existentes, ni tomaron en cuenta la conducta del alcalde suspendido en el actual proceso y en otros, donde pese a tener arraigo, incluso viajó fuera del país.

"Bazán tiene varios procesos que están en investigación, a pesar de eso, de que se hizo la burla de la justicia, de que apela, dilata y recurre a la chicanería jurídica, pese a todo esto salió libre, como decimos muchos orureños, la justicia está contaminada y parece que beneficia a quienes tienen poder y dinero, repudiamos y condenamos esta determinación que se ha conocido en las últimas horas", aseveró.

Indicó que tras un análisis junto a sus abogados, determinarán qué acciones realizar para evitar que este caso quede impune y se sancione un acto de corrupción que es de conocimiento público, por lo que pidió a las autoridades judiciales, actuar con celeridad y con responsabilidad en lo que resta del proceso que todavía está en etapa investigativa.

CONTROL SOCIAL

El principal representante del Control Social, Víctor Ayaviri, al referirse a este caso, sostuvo que es responsabilidad de las instancias judiciales, determinar la situación del alcalde suspendido y en el caso de que retome el mando de la Alcaldía, no se dejará de lado la figura de vigilancia a las acciones del Gobierno Municipal, aunque mencionó que un nuevo cambio de autoridades y reestructuración no sería la medida más adecuada y perjudicaría los proyectos y obras que deben encararse.

Bazán afronta un proceso en su contra, debido a que es acusado de irregularidades en la adquisición de 41 mil mochilas, de procedencia china, que según contrato debían ser de industria nacional, como parte del programa "mi carpeta" el 2016. Marco Murillo, quien fue el proveedor de las mochilas también es investigado por este presunto delito.