El Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Órgano Judicial y el Ministerio Público firmaron un acuerdo en Sucre de 11 puntos orientado a blindar las elecciones subnacionales previstas para marzo. El documento establece el respeto al principio de preclusión y aborda otros puntos, como los procesos de capacitación y coordinación interinstitucional.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, dio lectura al acuerdo: “El Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA), el Consejo de la Magistratura (CM) y el Ministerio Público, reunidos en la ciudad de Sucre, suscriben el presente acuerdo interinstitucional para el fortalecimiento del sistema democrático y la coordinación interinstitucional como expresión efectiva de la democracia boliviana que preserve el Estado de Derecho”.

Entre los puntos se señala que las instituciones se comprometen a promover la capacitación mutua del personal de sus dependencias en temas electorales, constitucionales, penales y jurisdiccionales. 

Además exhortan a las asambleas legislativas departamentales y la Cámara de Diputados a concluir el proceso de selección de vocales de los tribunales electorales departamentales de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

También se garantiza el principio de preclusión, que establece que las determinaciones asumidas por el TSE, en el marco del calendario electoral, no pueden ser revisadas con posterioridad.

La agenda del encuentro está dividida en dos partes: en la primera, los vocales electorales se reunieron con representantes del Órgano Judicial y, en la segunda, esta tarde, lo harán con el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Estos son los 11 puntos del acuerdo

1. Compromiso pleno con los principios y obligaciones constitucionales que sustentan el sistema democrático intercultural, asumiendo en el marco de sus atribuciones y competencias constitucionales y legales las tareas que correspondan para garantizar el desarrollo y la efectiva finalización de los procesos electorales, dando certidumbre especialmente al proceso en curso para la elección de autoridades departamentales, regionales y municipales a celebrarse el domingo 22 de marzo de 2026.

2. Las instituciones que suscriben el presente acuerdo se comprometen a garantizar que los derechos políticos y de participación ciudadana sean respetados durante los procesos electorales, incluyendo la protección de los derechos de los votantes, los candidatos, los partidos políticos y la democracia, respetando el principio de legalidad y de preclusión. Al efecto brindarán colaboración entre las mismas en actividades de asesoramiento mutuo, capacitación y formación personal con el fin de mejorar la eficiencia y el cumplimiento de las normas a través de cursos, talleres, seminarios y encuentros de capacitación interinstitucional

3. El TSE y el TSJ acuerdan establecer y fortalecer mecanismos de cooperación interinstitucional mediante actividades conjuntas de capacitación, formación y actualización técnica de su personal, con el objetivo de optimizar el conocimiento especializado en materia electoral, constitucional y administrativa, la eficiencia institucional y la correcta aplicación del ordenamiento constitucional y electoral.

4. El CM y el Ministerio Público, además de establecer líneas de comunicación y coordinación con el TSE para un efectivo relacionamiento interinstitucional, desarrollarán talleres de capacitación para los jueces electorales y los servidores públicos del órgano electoral plurinacional, sobre los procedimientos específicos y sus protocolos institucionales establecidos para el desarrollo de sus funciones

5. El Consejo de la Magistratura, en el marco de sus competencias, fiscalizará las acciones de los jueces y vocales que actúen como jueces de garantías constitucionales, para que procedan con total independencia y sometidos a los principios del debido proceso, legalidad y preclusión. En su caso, podrán iniciar las acciones disciplinarias que correspondan

6. El TSE se compromete a velar por el cumplimiento del principio de legalidad en sus decisiones y resolverá con eficiencia, eficacia, celeridad y probidad todos los asuntos en el ámbito de la jurisdicción técnico-electoral y jurisdiccional de las elecciones.

7. El TSE, en ejercicio de sus obligaciones y atribuciones legales particularmente fijadas en la ley 018 del órgano electoral, asumirá las medidas preventivas de carácter administrativo-electoral para el resguardo y garantía de los derechos políticos, las que no constituyen medidas cautelares de naturaleza procesal constitucional que corresponden a la competencia exclusiva del Tribunal Constitucional.

8. Las instituciones que suscriben el acuerdo se comprometen a establecer líneas de acción para promover la capacitación mutua del personal de sus dependencias en temas electorales, constitucionales, penales y jurisdiccionales

9. El TSE y el TA se comprometen a establecer mecanismos de coordinación para los procesos de consultas previas, temas ambientales y otros inherentes a la actividad electoral.

10. El Ministerio Público compromete la atención prioritaria de las denuncias relacionadas con la Comisión de Delitos Electorales, procurando asumir las decisiones oportunas para evitar que se consumen los hechos denunciados o, en su caso, se produzcan las imputaciones o acusaciones que correspondan para que se sancione a los infractores.

11. Exhortar a las asambleas legislativas departamentales y a la Cámara de Diputados a concluir el proceso de selección y designación de los vocales de los tribunales electorales departamentales de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.