El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó este jueves que los comicios subnacionales en los que se elegirá gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales, se realizarán el domingo 22 de marzo de 2026; por ello, la determinación de lanzar la convocatoria oficial para cumplir con los plazos que serán establecidos en el calendario electoral correspondiente.

Con la determinación del TSE, la renovación de las autoridades subnacionales en Bolivia entra en fase decisiva toda vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó esta madrugada la Ley de Régimen excepcional y transitorio para elección de autoridades  políticas departamentales, regionales y municipales. El vocal resaltó la magnitud del reto electoral: más de 5.000 cargos están en disputa para los cuales en el anterior proceso participaron más de 30.000 candidaturas.

“En el último proceso electoral tuvimos más de treinta mil candidatos. El Órgano Electoral, respetando la facultad constitucional y legal, le garantiza al pueblo boliviano que también en este proceso vamos a ofrecer las garantías de seguridad y transparencia”, señaló, para luego ratificar que el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) será desplegado en los más de trescientos municipios para dar seguridad que habrá un proceso electoral ‘con la misma performance que realizamos los anteriores procesos electorales’.

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A ello se suma la complejidad logística del proceso: papeletas diferenciadas, varios estratos territoriales (departamentales, regionales y municipales) y el cumplimiento de los plazos legales. El TSE calcula que la organización del proceso demandará alrededor de 300 millones de bolivianos, aunque ese presupuesto será discutido con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, para definir en consenso un monto que permita asegurar los comicios subnacionales.

“Ahora queda sentarnos con el Órgano Ejecutivo para explicarles el presupuesto, (para que) ellos puedan autorizar para empezar a ejecutar. Es un presupuesto más grande que el de la elección general porque tenemos más papeletas, más cantidad de autoridades, llegamos a los 300 municipios, vamos a tener dos ánforas en algunos (lugares) tres, dos papeletas, en algunos departamentos tres, lo que hace que el presupuesto sea un poco alto”, subrayó la autoridad.

Asimismo, Ávila se refirió a las características de la ley que fue sancionada por la ALP y explicó que es normar la elección de las autoridades respecto a su cualidad administrativa; por ejemplo, en los departamentos que tienen estatuto autonómico como Santa Cruz, Pando y Tarija se debe respetar lo que determina la norma sobre la cantidad de autoridades; en tanto, en los departamentos que no tienen estatuto, será el ente electoral que aplique la normativa vigente.

En cuanto al recorte de tiempos, afirmó que el TSE los optimizó y no habrá variación respecto a lo programado. “Por eso es que preferimos lanzar la convocatoria el día de hoy. En realidad, en todo el proceso electoral nosotros tenemos más de 5000 autoridades electas. Vamos a tener, y eso es bueno que ustedes lo sepan y los ciudadanos también, dos papeletas en cada departamento”, aunque –dijo– en algunos casos como el de Tarija, habrá tres papeletas por la autonomía regional.

“En el caso de Tarija, tenemos un tercer formato de papeleta que eligen al ejecutivo regional del Chaco, asambleístas regionales y los ejecutivos de Caraparí y Villamontes. En el caso del Beni, se eligen también corregidores y subgobernadores; por tanto, todas esas papeletas tienen sus características”, señaló para graficar la complejidad del proceso electoral subnacional. “Pero como Órgano Electoral vamos a garantizar esa performance que hemos desarrollado garantizando esta logística también en los nueve departamentos”, remarcó.

El proceso recobra relevancia estratégica en el contexto  político boliviano: autoridades departamentales y municipales serán elegidas simultáneamente, lo que implica una reconfiguración de estructuras de poder locales, territoriales y regionales. Operativamente, la impresión de papeletas, el diseño logístico para distintas jurisdicciones, la actualización del padrón y el establecimiento de alianzas electorales marcan retos de gran envergadura.

“Recordemos que para las gobernaciones tenemos que realizar, en el caso de que no se cumplan los requisitos, una segunda vuelta, que tiene que ser obligatoriamente en abril, teniendo en cuenta que las 5 mil autoridades de todo Bolivia vencen su mandato en la primera semana de mayo. La ley 026 establece que dentro de los 40 días puede realizarse esa segunda vuelta. Nosotros estamos previendo en nuestro calendario, que todavía está en bosquejo, que sea dentro de los 25, o 30 días, para dar seguridad y que logísticamente podamos cumplir también”, puntualizó.

La fijación de la fecha para el 22 de marzo de 2026 pone en marcha el reloj para los actores  políticos locales y nacionales que aspiran a participar en el ámbito subnacional. La pelota está ahora en la cancha del TSE que ingresa en la fase de operación. La elección local será, asimismo, escenario clave para la renovación de liderazgos y la configuración del mapa político boliviano para los próximos años.