Bolivia se encuentra ante un desafío que podría marcar el rumbo de su institucionalidad democrática en los próximos años. La elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no es un trámite más en la agenda legislativa; es, en realidad, una prueba de madurez política para la Asamblea Legislativa Plurinacional y para las tres principales fuerzas que la componen: Unidad, Libre y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Hoy, más que nunca, el país necesita que estos tres bloques se eleven por encima de sus diferencias coyunturales y comprendan que un acuerdo amplio, patriótico y responsable para elegir a los nuevos vocales del TSE, no solo es posible, sino imperioso. La suma de sus votos podría superar con holgura los dos tercios requeridos, enviando así una señal inequívoca de madurez institucional y sentido de Estado.

Un consenso de esta magnitud tendría un impacto positivo inmediato en varios niveles. En primer lugar, restauraría la credibilidad del sistema político y daría confianza a la ciudadanía en sus instituciones, tan desgastadas por años de ineficiencia y desinstitucionalización. La Asamblea, que ya ha dado señales positivas en este corto tiempo, fortalecería con este acto una imagen de responsabilidad, sensatez y compromiso con la democracia.

A su vez, el nuevo gobierno y el Presidente Paz Pereira saldrían fortalecidos. Una Asamblea capaz de acordar en temas de alta relevancia estatal generaría un entorno político más estable, previsible y constructivo, condiciones indispensables para la gobernabilidad. En la misma línea, la economía nacional también se beneficiaría, pues la estabilidad política y la confianza son pilares que sostienen las decisiones de inversión, el clima empresarial y la percepción internacional del país.

Pero el acuerdo no debe consistir en una simple repartición de cuotas. Su valor radicará, sobre todo, en la calidad de las personas elegidas. El país necesita vocales electorales de prestigio, honestos, competentes y con arraigo en sus regiones, figuras que inspiren confianza y sean reconocidas por su integridad. Bolivia cuenta con un valioso capital humano de notables juristas, académicos, profesionales y ciudadanos que, en distintos momentos de nuestra historia, han sabido servir con dignidad al país en instituciones clave.

Recordemos que ya hubo una época en la que el Tribunal Supremo Electoral estuvo conformado por personalidades de reconocido prestigio y solvencia moral. Esa experiencia permitió que la ciudadanía volviera a confiar en la transparencia de los procesos electorales. Hoy, ese ejemplo debe servirnos de guía.

La elección de un TSE sólido, plural y eficiente, no es solo una tarea legislativa, es un acto de responsabilidad colectiva. Por eso este llamado debe trascender los muros del Parlamento y convertirse en una causa ciudadana, impulsada por líderes de opinión, medios de comunicación, académicos, organizaciones sociales y la sociedad civil en su conjunto. 

Bolivia necesita instituciones que devuelvan la fe en el Estado. Y esa fe comienza por el voto, por la confianza en que cada elección refleja la voluntad popular y no los intereses de unos pocos. Un Tribunal Supremo Electoral elegido por consenso, compuesto por notables y respaldado por la ciudadanía sería una poderosa señal de que el país está dispuesto a construir un Estado moderno al servicio de la gente. Ese es el desafío y también la esperanza.