En un taller desarrollado en la Asamblea Legislativa, representantes de entidades y sectores sociales plantearon que cualquier iniciativa que permita la conversión de la pequeña propiedad agraria a mediana debe someterse, de manera obligatoria, a un proceso de consulta previa, libre e informada, en resguardo de los derechos de pueblos indígena originario campesinos.

La actividad se desarrolló el 24 de febrero y se analizó el Proyecto de Ley N° 157, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión voluntaria de la clasificación de Pequeña Propiedad Agraria a Mediana. Durante la jornada, representantes del bloque de diputados indígenas, la Defensoría del Pueblo, la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Fundación Tierra y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) advirtieron sobre posibles impactos negativos de la norma en los pueblos indígena originario campesinos (NPIOC) y en las pequeñas propiedades.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la construcción de propuestas normativas alternativas que consoliden la agenda legislativa del Bloque Indígena. A partir de exposiciones técnicas y un intercambio entre los participantes, se identificaron riesgos jurídicos, territoriales y socioeconómicos vinculados al proyecto de ley.  

El director general del CIPCA, Marco Albornoz, realizó un análisis desde la perspectiva de derechos territoriales, constitucionales y socioeconómicos, alertando sobre las implicaciones que la conversión podría tener para las comunidades indígenas y campesinas. Por su parte, Esteban Sanjinés, investigador de Fundación Tierra, presentó datos sobre la problemática de la tierra en Bolivia y su relación con el contenido del proyecto.

Entre las principales amenazas señaladas se encuentran la posible pérdida de la protección constitucional de la pequeña propiedad, el riesgo de endeudamiento y despojo, la reconcentración de tierras con un eventual retorno indirecto del latifundio, el debilitamiento de la Función Económica Social (FES) y la falta de consulta previa, lo que podría vulnerar derechos colectivos.

Asimismo, se advirtieron impactos estructurales a mediano y largo plazo, como la transformación de la agricultura familiar en una actividad subordinada al sistema financiero, mayor dependencia de mercados y bancos, incremento de la desigualdad territorial y mayor presión sobre bosques y ecosistemas.

Los participantes coincidieron en que el proyecto no resuelve aspectos estructurales del acceso a tierra y territorio, como el crédito en condiciones justas, la asistencia técnica o la implementación de seguros agrícolas frente a la crisis climática. Según el análisis presentado, la propuesta priorizaría la lógica financiera sobre la función social de la tierra y desnaturalizaría el sentido histórico de la Reforma Agraria.

En paralelo, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS) expresó su rechazo contundente al Proyecto de Ley 157. En un pronunciamiento público, la organización señaló que la conversión voluntaria de pequeña a mediana propiedad podría facilitar la concentración de tierras y la “financiarización del despojo”, al convertir predios históricamente inembargables en activos hipotecables.

La Confederación cuestionó además la falta de una consulta amplia e inclusiva y exigió la cancelación del proyecto, la realización de una consulta nacional efectiva, la defensa de la función social de la tierra y políticas públicas que garanticen el acceso equitativo bajo un modelo agrícola sostenible.

El taller fue presentado como el inicio de una serie de espacios de intercambio previstos en la actual legislatura para analizar y plantear alternativas frente a proyectos normativos que puedan afectar a las NPIOC y sus territorios, con el apoyo técnico de CIPCA y sus oficinas regionales.