Cuatro asambleístas departamentales de La Paz presentaron una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra la organización Unión Por el Cambio (UPC), del gobernador de La Paz, Santos Quispe. Los legisladores señalan un presunto uso de identidades, firmas y huellas digitales de personas que, sin su conocimiento, fueron inscritas como militantes de este partido político, con el cual Quispe busca su reelección.

La acusación se agrava debido a que los denunciantes señalan que existen indicios sobre la complicidad de una exautoridad del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz. Se presume que ese exfuncionario vulneró la seguridad informática del Órgano Electoral y proporcionó los datos personales de los ciudadanos afectados.

Vulneraciones

“De acreditarse la obtención y uso indebido de bases de datos de ciudadanos no afiliados a partidos políticos, así como la falsificación de firmas y huellas dactilares, podrían configurarse: a) vulneraciones a los principios de legalidad, transparencia y buena fe electoral; b) infracciones electorales graves previstas en la normativa vigente; y c) posibles ilícitos penales contra la fe pública y el régimen electoral, cuya remisión correspondería al Ministerio Público”, señala la denuncia entregada el 26 de febrero, a la que EL DEBER tuvo acceso.

La nota está dirigida al presidente del TSE, Gustavo Ávila, con la referencia “irregularidades sobre la suplantación de firmas de militantes” y la solicitud de investigación con base en la Ley 026 de Régimen Electoral y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.
Los asambleístas que firmaron la denuncia son Israel Alanoca, Samanta Coronado, Fernando Condori y Lino Mamani.

Sin respuesta

EL DEBER llamó y envió mensajes al gobernador de La Paz, Santos Quispe; al comunicador de esa instancia; y al vocero de la campaña electoral de UPC, Zenón Quispe, exsecretario departamental de Desarrollo Social y Comunitario, pero ninguno atendió las consultas sobre la denuncia. Esta no es la primera irregularidad denunciada en torno a la candidatura de Santos Quispe, quien ya fue señalado por “extorsión electoral”, en relación a una reunión en la que, según la versión de los asambleístas, fue grabado el momento en que pedía a funcionarios y consultores, hacer campaña política en su favor a cambio de renovar sus contratos por un año. Esa denuncia también fue presentada ante el TSE, misma que a pesar de los datos incluidos en la nota, no surtió efecto.

Listas

En contacto con EL DEBER, el asambleísta Alanoca explicó que el 6 de febrero se les hizo conocer otro hecho irregular ligado a la candidatura de Santos Quispe, por presuntas irregularidades en el proceso de registro de militancia y obtención de la personalidad jurídica de UPC, que ellos clasificaron en siete puntos. 

La primera irregularidad está relacionada con la conformación de la organización política. Alanoca explicó que a inicios de 2024 Santos Quispe y sus colaboradores iniciaron la recolección de firmas de militantes, conforme exige la normativa electoral vigente, y que el nombre del partido que pretendían inscribir era Adelante Pueblo Unido (APU).

En segundo lugar, se menciona que los técnicos advirtieron que ya existía una organización política con ese nombre registrada en el TSE. Por ello decidieron cambiar la denominación a UPC y reiniciar la recolección de firmas.

En el tercer punto se señala que los responsables de la inscripción tomaron contacto con un funcionario que trabajaría dentro del TED La Paz, “con el objetivo de acceder a una base de datos de ciudadanos que no pertenecían a ninguna organización política”. No se precisaron las fechas en las que esto habría ocurrido.

En cuarto lugar, según Alanoca, se presume que, tras llegar a un acuerdo, el entonces funcionario vulneró las medidas de seguridad del sistema informático del Órgano Electoral y obtuvo una lista de ciudadanos sin militancia, que luego habría entregado en formato físico y digital.

Quinta irregularidad: “que, en una oficina ubicada en la avenida Simón Bolívar, en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, se llenaron actas de militancia utilizando la mencionada base de datos. Se adjuntan fotografías del lugar. En las imágenes se observa el monitor de una computadora portátil con datos de los ciudadanos inscritos”, se lee en la denuncia.

El domicilio donde se presume que realizaron el llenado de libros.

Los asambleístas citan como ejemplo los nombres de Rosmery Nancy A.T. y Alejandro A.S., cuyos datos aparecen en las fotografías con firmas y huellas digitales.

En otra imagen del momento en que supuestamente se manipulaba el material obtenido del TED La Paz aparece uno de los libros que se llenó con los datos de presuntos militantes de UPC, el cual luego fue entregado ante el TSE para lograr la personería jurídica.

“Remitimos a su autoridad estas fotografías a fin de constatar si las personas referidas tienen militancia en la UPC; de ser así, convocarlas para preguntarles si decidieron voluntariamente ser militantes de esa organización política. De no ser así, y previa verificación de sus huellas dactilares y firmas, se llegaría a la conclusión de que existen irregularidades en el proceso de inscripción de militantes”, señala la denuncia.

Como sexta irregularidad remarcan que en los libros presentados por UPC ante el TSE existen espacios llenados con firmas y huellas digitales presuntamente falsificadas.

Como séptimo punto se menciona que el llenado de los libros de militantes de UPC se realizó con la participación de funcionarios del Servicio Departamental Agropecuario (Sedag).

Proceso

El asambleísta Lino Mamani, abogado de profesión, explicó que la denuncia también fue presentada ante la Unidad de Transparencia del TSE. Manifestó que existen procedimientos para el análisis de la información, el inicio de una investigación y una eventual sanción contra UPC, en caso de verificarse los extremos denunciados.

Mamani sostuvo que la copia entregada al presidente del TSE tiene el fin de que el tema sea tratado en Sala Plena. Independientemente de ese paso, la Unidad de Transparencia debería realizar una verificación administrativa.

En caso de hallarse irregularidades en el uso de datos de personas que no autorizaron su inscripción como militantes, la instancia de Transparencia debe emitir dos informes: uno dirigido a la Sala Plena del TSE y otro a la Fiscalía, para el inicio de un proceso penal. En el ámbito electoral, la sanción podría llegar hasta la anulación de la personería jurídica de UPC.