El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió a dos asambleístas departamentales remitir a la Justicia la denuncia que interpusieron contra el gobernador de La Paz, Santos Quispe, por presunta extorsión a funcionarios para que apoyen en su candidatura. 

“El Tribunal Supremo Electoral nos ha devuelto la denuncia que hemos presentado contra Santos Quispe y nos piden que la presentemos a la fiscalía. Sin embargo, al tratarse de un delito electoral, ellos deben remitir los antecedentes al Ministerio Público tal como señala la norma electoral”, afirmó el asambleísta departamental y denunciante Israel Alanoca, en declaraciones a la ANF. 

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, a través de una nota del 12 de este mes, señala que la Sala Plena decidió que “la referida denuncia debe ser interpuesta ante las autoridades jurisdiccionales competentes”. 

Carta de respuesta del TSE a la denuncia de los asambleístas contra Santos Quispe. Foto: ANF 

El 13 de enero, los asambleístas departamentales Israel Alanoca y Fernando Condori denunciaron que, en una reunión del 7 de enero, el gobernador ofreció a los funcionarios públicos y consultores en línea ayudarles con sus contratos de trabajo, a cambio de que respalden su campaña de reelección con el frente Unidos por el Cambio (UPC).

“Nosotros les vamos a ayudar en sus contratos, pedimos que nos ayuden haciendo un bloque, para hacer trabajo político. Vamos a realizar el contrato por un año”, se escucha parte del audio a una voz atribuida al gobernador, según la grabación difundida por los denunciantes. 

La acusación también incluyó al exsecretario departamental de Desarrollo Social y Comunitario y jefe de campaña, Zenón Quispe; la directora técnica del Sedeges, Beatriz Churata, y el exsecretario de Desarrollo Económico Brígido Chipana porque son parte de la estructura que organiza las actividades proselitistas de Quispe. 

Ante la respuesta del TSE, ambos legisladores enviaron una carta al presidente del TSE, Gustavo Ávila, observando que después de más de un mes se haya emitido una respuesta simple y exigiendo que se cumpla el procedimiento ante el conocimiento de la denuncia donde está involucrado un candidato. 

“La Ley referida (026 de Régimen Electoral) es clara y señala que ustedes, como autoridades electorales, al momento de conocer la comisión de un delito deben ser los que remitan los antecedentes a la Fiscalía (…)”, señala la carta a Ávila. 

La misiva agrega que estando en un proceso eleccionario, siendo los vocales los máximos representantes en el área electoral, “y al haber la supuesta comisión de un delito electoral no podrían rehuir al cumplimiento de sus deberes establecidos en la normativa”.