“Aún el Estado boliviano no logra plasmar, en sus tres niveles (nacional, departamental y municipal), la lógica de un Estado verdaderamente plurinacional”, explicó Carola Farell, parte del equipo de una de varias organizaciones que trabaja en la gestión de la reunión.

Los pueblos indígenas en el país lograron plantear una agenda política desde una mirada nacional que hoy se refleja en la Constitución Política del Estado (CPE) la cual contempla un capítulo específico para el cumplimiento de sus Derechos Humanos (DDHH). Esto demuestra un gran avance para un largo proceso de lucha que han enfrentado, sin embargo, como muchos otros sectores, tropiezan con el cumplimiento de tales derechos constitucionalizados.

Farell relata que en el caso de la los pueblos indígenas que viven en las áreas urbanas de Santa Cruz, se enfrentan a otros problemas como la discriminación, rechazo, negación a trabajos dignos y viviendas adecuadas, entre otros.

“Todo eso porque el municipio cruceño carece de políticas públicas integradoras, que promuevan una ciudad donde no se los excluya por su identidad. En esto último tiempo vivimos con una administración pública municipal totalmente excluyente”, dice Farell, quien es investigadora de la ONG DESAFIO y parte del programa Urbano de la unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).

El encuentro busca efectivizar el ejercicio de la democracia comunitaria mediante la exigibilidad de la participación directa de los indígenas y afros en los gobiernos autónomos municipales de Bolivia a partir de la próxima gestión 2020, de acuerdo a lo que establece la legislación nacional.

La cita se realizará en el salón de reuniones de la institución Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) será un espacio donde se presenten algunos procesos de demanda de representación en el Gobierno Municipal de sus departamentos que ya se han iniciado.

Se trata de los casos de municipio como “Qara Qara” en Chuquisaca, municipio de “Sipe Sipe” en Cochabamba, el Pueblo Guaraní del municipio de Carapari (Prov. Gran Chaco-Tarija), municipio “El Puente” (Prov. Guarayos-Santa Cruz) y la Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz de la Sierra (APISACS) en el municipio cruceño.

En el caso de la APISACS, la organización inició su demanda de representación en el ejecutivo y el legislativo municipal desde el año 2013.

“Hasta la fecha, el Gobierno Municipal no ha atendido esta demanda, negando así los derechos de los pueblos indígenas y afrobolivianos del municipio. La planificación municipal tampoco ha considerado las necesidades particulares de los pueblos indígenas en relación a acceso a servicios sociales y ejercicio de sus derechos ciudadanos y sus derechos colectivos”, indica Lenny Rodríguez, parte de APCOB.

También son parte de la reunión en Santa Cruz, el Tribunal Nacional de Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC) y algunas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como son el Centro de Estudios regionales para el Desarrollo de Tarija (CERDET), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado del departamento de Santa Cruz (CIPCA), el Colectivo Rebeldía, el Programa Urbano de la Unión Nacional de Instituciones para el trabajo de Acción Social (UNITAS) y APCOB.

La demanda de representación directa en los municipios se respalda en el artículo 284 de la actual CPE, que menciona “II. En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario campesinos, que no constituyan una autonomía indígena originaria campesina, éstos podrán elegir sus representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal”.

“La demanda es importante porque es un derecho constitucionalizado, pero es muy relevante porque es entrar a un espacio donde se define el día a día de los ciudadanos y ciudadanas ya que, las alcaldías municipales, son los espacios políticos más cercanos al pueblo”, afirma Farell.

En Bolivia, el derecho a la participación indígena conlleva el deber correlativo del Estado de adecuar sus estructuras institucionales a la realidad plurinacional del país.