En esa línea, con el propósito de monopolizar el poder indefinidamente, al perder apoyo popular y legitimidad, al estilo cubano y venezolano, a partir del control y sometimiento de todos los órganos del Estado, han diseñado un conjunto de “movidas” y estrategias de alta ingeniería política.

Entre ellas se encuentra la Ley de Organizaciones Políticas que, no solo pretende legitimar la inconstitucional candidatura de Morales con la decisión aberrante del Tribunal Constitucional, sino, más bien, eliminar a los candidatos potenciales y evitar la conformación de un bloque opositor. Esta posibilidad, con la ley ya promulgada y los plazos establecidos es objetiva y materialmente posible. Dada la estrecha relación, coordinación y sometimiento del TSE, sería ingenuo suponer que esta instancia, ya con competencias para las primarias, se pronuncie a favor del carácter vinculante de los resultados del 21F. En términos de mecanismos legales, institucionales y plazos, todo está debidamente calculado para que las elecciones de 2019 sean una pantomima. Elecciones democráticas en un país cada vez menos democrático. Paradójico, ¿verdad?

En este conjunto de estrategias para reproducción indefinida del poder en “democracia”, se encuentra también la anunciada “Ley contra la mentira” que, con seguridad, recogerá algunas disposiciones que ya estaban establecidas en el Código del Sistema Penal, abrogado por la movilización y el rechazo popular. 

Con percepciones deficientes, más que inocentes, los políticos de la funcional oposición han considerado que el oficialismo no iba a insistir en controlar, sancionar y punir la información que afecte la imagen del gobierno y del presidente. Parte de lo que estaba en ese Código Penal, con fachada restauradora, será acopiada en esta ley que tendrá, básicamente, el objetivo de controlar la información pues, como se reconoce en el ámbito político, quien tiene a su favor la información consolida el poder. En ese sentido, no solo la libertad de prensa y opinión serán absolutamente restringidas, sino también la información y todo lo que se difunde en las redes sociales. Por donde circulan, ciertamente, verdades y posverdades, junto con informaciones falsas (fake news).

Ahora, más allá del objetivo, resulta insólito, paradójico e irónico que esta vil iniciativa provenga de quienes han hecho de la mentira una práctica cotidiana. No por algo, el presidente y el vicepresidente, por sus descomunales mentiras, en el imaginario popular, están posicionados entre los más conspicuos mentirosos que ha conocido el país.

Estratégicamente, esta ley, igual que la Ley de Organizaciones Políticas, la sancionarán y promulgarán en tiempo récord. Hasta fin de año, para contar con un panorama llano y despejado en 2019.

A estas alturas, queda demostrado que la nomenklatura masista se ha apropiado del Estado. El MAS es el Estado, pues para ellos, gobierno y Estado son lo mismo. A su vez, la perniciosa clase dominante que se ha constituido desde el Estado, ha desplegado una intensa “lucha de clases” de arriba hacia abajo, con el objeto de asegurar el poder absoluto.

Nuestra democracia, entonces, en franco retroceso, se dirige hacia una dictadura democrática. Claro, cualitativamente distinta a los regímenes autoritarios tradicionales. Se puede calificarla, apelando a los términos de moda, como una “fake democracia”, con estilos y formas de dominación relativamente disímiles a las típicas dictaduras del siglo XX.