Un curioso documento de un solo artículo y una disposición transitoria fue presentado por el senador Pedro Vargas Fernández y pasó a la agenda de las comisiones de Constitución y la de Justicia Plural; aunque el presidente de esta última instancia dijo no estar de acuerdo porque la propuesta nunca fue socializada. 

“Este proyecto de ley no tiene consenso, no tiene acuerdos, han estado hablando que los androniquistas o evistas o arcistas estuviéramos teniendo algún acuerdo. Eso es falso totalmente. En lo personal no concuerdo con este proyecto y realmente creo que no tiene ni pies ni cabeza”, declaró el presidente de la comisión de Justicia, Miguel Rejas. 

El anteproyecto fue presentado ante la presidencia de la Cámara de Senadores el 16 de septiembre pasado y fue tratado en la sesión del mismo martes bajo el nombre de “proyecto de ley de aplicación gubernativa local” y derivado a las comisiones de Constitución y Justicia Plural. 

“Se suspende de forma temporal las funciones de los Vocales (titulares y suplentes) del Tribunal Supremo Electoral, designados en fecha 19 de diciembre de 2019 por la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme el numeral 2 del Artículo 13 de la Ley N° 018 de 16 de junio de 2010 (…) Disposición Transitoria Única. Prorrogar el período de mandato constitucional 2020 – 2025 hasta la posesión de las nuevas autoridades electas del nuevo periodo constitucional”, señalan los dos únicos párrafos que tiene el proyecto de ley. 

El documento que será tratado mañana en las comisiones tiene 10 hojas de justificativos, cita incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; pero no hace ninguna referencia al actual proceso electoral y las consecuencias legales de aprobar una ley de esta naturaleza. 

El senador Vargas –que ese día sollozó por no aprobar un crédito de $us 150 millones– no tomó en cuenta que el Estado boliviano ya gastó más de Bs 300 millones en organizar este proceso electoral y que la segunda vuelta se celebrará en menos de cuatro semanas. 

El único argumento que expone en las 10 hojas para justificar la suspensión de los vocales es que no se eligieron a candidatas mujeres en las elecciones judiciales de diciembre de 2024. 

Pese a todas esas falencias, la directiva del Senado, a cargo de Andrónico Rodríguez, dio un trámite veloz a la presentación del anteproyecto y lo derivó de inmediato a las comisiones y éstos a su vez, lo pusieron en agenda sin mayor trámite.