Sucre acogerá este viernes al Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, un encuentro que marca “el inicio formal de un proceso de transformación en la justicia boliviana”. La convocatoria —liderada por el Órgano Judicial— reunirá a los cuatro poderes del Estado, universidades, colegios de abogados, organismos civiles y el cuerpo diplomático acreditado en el país.

El presidente Rodrigo Paz Pereira confirmó su asistencia, al igual que el vicepresidente Edmand Lara y representantes del Legislativo y del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En total, se prevé la participación de alrededor de 500 invitados.

La reunión se realizará en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC) y trabajará sobre cuatro ejes: Reforma Normativa, Presupuesto del Órgano Judicial, Carrera Judicial en Bolivia y Desarrollo Tecnológico.

Una reforma que nace desde el Órgano Judicial

A diferencia de anteriores procesos impulsados desde el Gobierno central —en los mandatos de Evo Morales y Luis Arce— esta vez la iniciativa surge desde el propio Órgano Judicial.

“Este diálogo va a ser el inicio de una reforma judicial que el país necesita”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, en entrevista con Influyentes del Grupo EL DEBER.

Saucedo subrayó que existe un ambiente favorable con el nuevo Gobierno: “Hemos querido tomar la iniciativa aprovechando la predisposición del Ejecutivo y del Legislativo”.

La convocatoria excluye explícitamente a los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que permanecen en funciones desde 2017 mediante la figura de prórroga: Gonzalo Hurtado, René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo.

“No están invitados y si aparecen, serán invitados a retirarse. No son bienvenidos”, remarcó Saucedo. Solo fueron convocados los cuatro tribunos electos en diciembre de 2024, a la espera de que la Asamblea Legislativa convoque a las elecciones judiciales complementarias recomendadas por el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.

Una crisis estructural: sobrecarga, falta de especialización y un “presupuesto miserable”. Saucedo describió así, con crudeza, el estado de la justicia en Bolivia. La sobrecarga procesal es, según dijo, el primer obstáculo para un servicio digno: “Tenemos jueces que ven cuatro o cinco materias a la vez. Es inhumano”.

Para corregirlo, el Órgano Judicial propone crear más juzgados, recuperar la especialidad y mejorar infraestructura y equipamiento.

Pero todo depende del financiamiento. El actual presupuesto judicial alcanza apenas 1.100 millones de bolivianos al año, equivalente al 0,35% del Tesoro General de la Nación, muy lejos del 5% que —según Saucedo— se requiere para una reforma seria.

“Hemos tenido emergencias donde no alcanzaba para tóner o papel. Así no se puede brindar justicia”. El 70% del funcionamiento se sostiene con recursos que el propio Órgano Judicial genera mediante derechos reales y tasas administrativas.