El proceso está en marcha, los candidatos pre seleccionados y que según algunos observadores políticos, ya tienen parte de su futura actividad comprometida con la corriente "oficialista", se empeñan en buscar el apoyo ciudadano utilizando las formas más sencillas de contacto directo, pero con la entrega de una tarjetica que además es calendario o que incluye un bonito pensamiento para que llame la atención del futuro elector.

Por todos los trámites cumplidos, la acción directa de las autoridades superiores de las cámaras legislativas, el concurso de autoridades de la Universidad Boliviana, la participación de legisladores, y un entorno de cooperación administrativa del proceso, la elección de magistrados se producirá de todos modos en el mes de diciembre próximo.

Sin embargo por las cuestionantes que se conocen, por la acción decidida de varios dirigentes políticos (por supuesto opositores), y de algunos destacados ciudadanos, cuya experiencia en este tipo de procesos es valiosa, y que expresan sus puntos de vista en torno a la actual elección de magistrados, parece prudente recoger algunas sugerencias como las de efectuar ciertas modificaciones en la norma electoral.

Es evidente que el tiempo se acorta, estamos a un mes de la concurrencia ciudadana a las urnas, pero es también muy cierto que una duda existente y que no ha sido aclarada, puede influir negativamente en el comportamiento ciudadano, al saberse que sólo hay una alternativa de elección, quitando la opción de una libre expresión ciudadana a través del voto blanco o el nulo, que de verdad debe ser tomado en cuenta con el respeto que merece una decisión personal.

Se han formulado varias sugerencias al Órgano Electoral, para que sean incorporadas en la Ley que rige el proceso, por supuesto las propuestas están dirigidas a legitimar la elección, y que sus resultados sean fiel reflejo de la expresión ciudadana. Por ejemplo se plantea que a tiempo de cerrar el recuento de los votos se tome en cuenta el total de participación del electorado, que en todo caso deberá ser del 50 por ciento más uno del total de registrados en el padrón electoral para que se considere legal la elección de magistrados.

Por otra parte se pide que sea reconocido el planteamiento ciudadano de que los votos válidos sean superiores a los votos blancos y nulos, pues si sucediera lo contrario (con mayoría de blancos y nulos), el resultado sería un claro rechazo del electorado a los candidatos, por lo que la elección tendría que ser invalidada.

Hay muchos argumentos sobre el tema, tomando en cuenta que principios sencillos de práctica democrática en elecciones institucionales, reconocen la validez de los votos blancos y nulos, pues es una alternativa válida, legal y de absoluta justicia que tiene un ciudadano al momento de realizar la elección de dirigentes de cualquier nivel y en diferentes instituciones.

Se considera también legal, la anulación de elecciones en la que los votos blancos y nulos sean mayores a los votos válidos, debiendo los jurados electorales, proceder a una nueva convocatoria electoral en un plazo no mayor a 180 días, medio año máximo para renovar las listas de los candidatos rechazados.

En el momento actual, pesa una advertencia contra quienes expresen opiniones o sugerencias contrarias al proceso electoral venidero, pero hay también una clara posición ciudadana de reclamar la vigencia de la democracia y el respeto a los derechos ciudadanos, en este caso a elegir o no hacerlo, es un derecho inviolable para legitimar las elecciones.