Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, hizo pública una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra. En esta carta, exige que el proyecto de ley aprobado por el Senado sea devuelto a dicha instancia para su revisión. Esto se debe a la falta del consenso calificado requerido por la Sentencia Constitucional 0060/2023. Según Alarcón, la grabación oficial de la sesión plenaria del Senado confirma que la votación se realizó con mayoría absoluta, contraviniendo la norma constitucional.

El legislador acusó al MAS, junto a tránsfugas de la oposición, de estar orquestando un plan para asegurarse los dos tercios necesarios que les permita designar vocales afines al oficialismo. A su juicio, este intento de control sobre el TSE pondría en riesgo los procesos electorales subnacionales, un eventual referéndum constitucional y las elecciones presidenciales de 2030.

Cuestionamientos al procedimiento

Requena, también de Comunidad Ciudadana, respaldó la denuncia de su colega y cuestionó duramente el procedimiento legislativo aplicado para el tratamiento del proyecto de ley. Señaló que fue introducido de forma irregular, con dispensación de reglamento y sin estar en la agenda, impulsado por senadoras de oposición que actuaron en coordinación con el MAS.

Según Requena, la forma acelerada en la que se tramitó la ley revela una intención deliberada de tomar control del TSE antes del cambio de legislatura. “No hemos luchado 20 años por la democracia para entregarle al MAS el control de las elecciones”, advirtió, cuestionando además que el contenido del proyecto no garantiza la idoneidad ni la probidad de los futuros vocales.

Preocupaciones sobre selección

La senadora también expresó su preocupación por los criterios de selección propuestos, al considerar que favorecen a perfiles técnicos, como abogados e informáticos, en detrimento de personas con reconocida trayectoria democrática. Requena afirmó que el procedimiento ahuyenta a figuras notables, comparando el modelo actual con el fallido proceso de elección judicial reciente.

Ambos legisladores coincidieron en que la actual Asamblea Legislativa carece de legitimidad para nombrar nuevas autoridades electorales. Recordaron que el MAS sufrió una derrota política y electoral en la consulta del 17 de agosto de 2025. Denunciaron que el calendario previsto para el tratamiento y aprobación de la ley —de apenas 48 días— es otra muestra del apuro oficialista por imponer a los nuevos vocales antes de que asuma la nueva legislatura.

Convocatoria a parlamentarios

Carlos Alarcón convocó a los parlamentarios electos a pronunciarse de forma categórica en rechazo a lo que calificó como una “maniobra política” del MAS. También exigió que el proyecto de ley retorne al Senado para su tratamiento conforme a la normativa vigente.

En paralelo, el diputado hizo referencia a una carta adicional presentada este lunes, en la que exige el tratamiento de su proyecto de ley para establecer arraigo obligatorio a exautoridades por un año tras concluir su mandato, como mecanismo de lucha contra la corrupción. Aseguró que este proyecto fue frenado por maniobras del oficialismo y permanece sin tratamiento desde marzo de 2025.

Necesidad de abrogación

En otro eje temático, Requena reiteró la necesidad de abrogar el paquete de leyes medioambientales que favorecen prácticas agrícolas altamente riesgosas en contextos de sequía y crisis climática. Aclaró que, si bien su tratamiento ha sido postergado, la actual legislatura aún puede abordarlo, y advirtió que dejar este tema pendiente sería irresponsable.

Avance de organizaciones criminales

Finalmente, los legisladores denunciaron un “preocupante avance” de organizaciones criminales extranjeras en Bolivia. Exigieron que se categorice su accionar como terrorismo. Plantearon además que se investigue la supuesta inacción del gobierno actual y anterior en relación con estas organizaciones, así como la reciente denuncia contra el presidente por abandono de menores, que según Requena debe ser investigada con la seriedad que corresponde.