Durante una conferencia de prensa en La Paz, ambos legisladores calificaron esta iniciativa como “inconstitucional”, “ilegítima” y “una maniobra política desesperada” del masismo. Aseguran que su objetivo es asegurar el control del futuro proceso electoral. Argumentan que la actual Asamblea Legislativa, en su etapa final, no tiene la autoridad moral ni política para definir la composición del máximo órgano electoral del país.

Ormachea realizó una comparación con lo sucedido en 2020, cuando la anterior Asamblea modificó el reglamento legislativo en el último momento, eliminando la mayoría de dos tercios. Según él, esto marcó un precedente negativo en el funcionamiento del nuevo periodo parlamentario. “No podemos permitir que, saliendo por la puerta de atrás, el MAS quiera dejar vocales puestos a dedo para controlar las próximas elecciones”, advirtió.

Acuerdo oscuro

Por su parte, la diputada Lissa Claros denunció un “acuerdo oscuro” entre masistas, arcistas, evistas y androniquistas para avanzar en la aprobación del proyecto. Cuestionó la inacción de algunos parlamentarios de oposición, preguntando: “¿Dónde está Rodrigo Paz? ¿Dónde están los senadores que deberían defender la independencia del TSE? En vez de estar defendiendo la institucionalidad, están haciendo acuerdos con el MAS”.

Ambos parlamentarios advirtieron que podrían iniciar procesos penales contra los diputados y senadores que insistan en aprobar la norma en la Cámara de Diputados. Señalaron que esta ley presenta “fallas severas” y que no fue debidamente consultada ni socializada.

Rechazo de Comunidad Ciudadana

Claros también aclaró que las senadoras Silvia Salame y Daly Santamaría fueron apartadas de la línea institucional de Comunidad Ciudadana. Esto deja claro que sus acciones no representan al bloque opositor. “La línea oficial es el rechazo total a este proyecto que intenta regalar el control del TSE al MAS”, enfatizó.

Plazos para nuevas autoridades

En relación con los plazos para la elección de nuevas autoridades electorales, Ormachea indicó que la nueva Asamblea Legislativa, que tomará posesión en noviembre de 2025, tendrá tiempo suficiente para tratar de manera inmediata un nuevo proyecto de ley que sea “acorde a lo que necesita el pueblo boliviano”. Aseguró que, a diferencia de la actual gestión, la próxima composición parlamentaria no permitirá mayorías absolutas que favorezcan al oficialismo.

Defensa de la independencia

Finalmente, ambos diputados hicieron un llamado a la ciudadanía, así como a las instituciones y organizaciones del país, para “defender la independencia del Tribunal Supremo Electoral” frente a lo que consideran un intento de cooptación partidaria.