La propuesta se apoya en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado y el reglamento interno del Senado (PICLO 176V). Según Vargas, busca establecer la “supremacía constitucional y la integridad del Estado de derecho” como principios fundamentales de la normativa.

“Estamos presentando esta ley por la pérdida de garantías y confianza pública hacia el actual órgano electoral. No hay condiciones para que puedan llevar adelante una segunda vuelta de elecciones generales”, afirmó Vargas durante una conferencia de prensa.

Denuncias sobre el TSE

Entre los argumentos del legislador se encuentra la denuncia de que el TSE emitió una convocatoria parcial a elecciones judiciales. Esto dejó sin representación a ciertos departamentos, incumpliendo así el artículo 182 de la Constitución, que establece que dicho proceso debe realizarse de manera íntegra y única.

Además, Vargas señaló la presunta violación al principio de paridad y alternancia de género, que está previsto en los artículos 8 y 14 de la Constitución, así como en las leyes 026 y 018. Según el senador, se permitieron listas sin representación equitativa de mujeres en candidaturas nacionales, lo que constituye otra falta grave de los vocales en funciones.

Justificación de la suspensión

“La suspensión temporal se justifica en la pérdida de confianza pública, que es indispensable para la vigencia de la democracia. Se trata de preservar la institucionalidad electoral y garantizar la imparcialidad en futuros procesos”, subrayó.

El senador también anunció que se presentará un memorial ante el Ministerio Público para que se investigue si existió o no una vulneración al artículo 183, parágrafo segundo, de la Constitución. Recalcó que la fiscalía deberá determinar si los vocales, designados en una legislatura anterior, incurrieron en violaciones constitucionales.

Continuidad del órgano electoral

En relación con el funcionamiento del órgano electoral, Vargas explicó que el proyecto plantea la posibilidad de prorrogar el mandato vigente 2020–2025. Esto sería únicamente hasta que se legalice el funcionamiento de nuevas autoridades. “No se puede seguir con un órgano que ha perdido la confianza y que no tiene legitimidad democrática ante la población”, declaró.

Contexto político actual

Sobre el contexto político en el que se presenta esta iniciativa, el senador reconoció que se desarrollará en medio de una Asamblea Legislativa “completamente dividida”. Sin embargo, dijo que cumple con su deber de fiscalización al denunciar las irregularidades cometidas en el ámbito electoral.

“Este proyecto puede generar un debate importante entre constitucionalistas, no constitucionalistas y el pueblo boliviano, para que se conozca si los procesos electorales recientes han sido correctos o no”, añadió.

Finalmente, Vargas indicó que, en caso de que la norma prospere, será responsabilidad de las instancias correspondientes definir la viabilidad o reprogramación de una eventual segunda vuelta electoral.