La nueva Ley 1096 de Organizaciones Políticas (LOP) modificó el proyecto elaborado por el exsenador masista Adolfo Mendoza Leigue, la socióloga Gabriela Canedo Vásquez, el expresidente de la Corte Nacional Electoral Salvador Romero Ballivián, el gestor de la Participación Popular Carlos Hugo Molina Saucedo y el líder campesino e indígena Paulino Guarachi Huanca. Coincido con María Teresa Zegada Claure cuando afirma que la LOP “será, a la larga, un instrumento importante y útil para ordenar la configuración del sistema de representación política en Bolivia” (El diablo está en los detalles, El Deber, 13/09/2018); y con Molina Saucedo cuando afirma que “el uso, la manipulación y el manoseo de que ha sido objeto para satisfacer una necesidad enfermiza de poder no disminuye el valor de su calidad instrumental, pensada y diseñada para fortalecer procesos que debían concluir el 2025” (Los tiempos se acortan, El Deber, 11/09/2018). Pero lamentablemente la ley aprobada por la mayoría parlamentaria oficialista “ha precipitado una coyuntura crítica que pone en juego los principios democráticos (…) favoreciendo al oficialismo y complicando la participación de la oposición” (El diablo está en los detalles), porque “permite allanar el camino de la repostulación presidencial” frente a “una oposición que está desarticulada, con organizaciones débiles, escasa institucionalidad, sin claridad sobre liderazgos, y varias organizaciones aún en proceso de inscripción de su personería” (María Teresa Zegada, El meteorito de las primarias, El Deber,  30/08/2018).

Ese “meteorito” de apresuramiento y restricciones que menciona Zegada y que Xavier Albó define como táctica instrumental para “saltar” los resultados del referéndum constitucional de 2016 (convencido el oficialismo de que la presunta “legitimidad” como “derecho humano” que le otorgó el TCP a la reepostulación no solo es poco creíble en Bolivia, sino también inexcusable fuera del país) surge en un momento en el que Bolivia, apropósito del fallo de la CIJ respecto a la centenaria reivindicación marítima, se urgirá de todos los apoyos posibles de la comunidad latinoamericana, menguados por el apoyo irrestricto (suicida) que le da a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua.

Además, crea la duda de si al participar en las primarias de enero de 2019 se desconoce la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 febrero de 2016 (21F). La respuesta es definitivamente no. Porque, por un lado, después de las primarias, el TSE debe decidir si se apega a la plena constitucionalidad respetando los resultados del 21F y niega la participación electoral prorroguista, desoyendo presiones y compromisos. Y por otro, las organizaciones políticas bolivianas han aprendido del gravísimo error que para la democracia venezolana supuso la autoexclusión opositora en las elecciones parlamentarias de 2005, permitiendo la instalación del “socialismo” bolivariano. Recordemos que el MAS recién triunfante en 2005 necesitó dialogar con la oposición en el Congreso por no tener mayoría; pero a partir de 2009 el “rodillo” oficialista de las mayorías absolutas del MAS en la Asamblea anuló a las atomizadas minorías opositoras.

El respaldo permanente del 21F es consustancial a la defensa de los valores democráticos, como lo será participar (aun en desventaja) en las elecciones de 2019, unidos sin “juntucha” con visión de construir futuro y no solo cambiar siglas, porque ambas son expresiones indisolubles de la voluntad popular, tan democráticas como la que le dio el triunfo a Evo Morales en 2005.