Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 25 de septiembre de 2018
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
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En el marco de la Ley de Organizaciones Políticas, el tiempo es una variable no favorable para el campo opositor boliviano; no obstante, la norma contiene artículos que otorgan determinada claridad conceptual y pautas de comportamiento a la interacción de las fuerzas políticas como es el caso sobre las alianzas. La adecuación a la norma puede permitir fortalecer la democracia mediante la institucionalización de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Es decir, los partidos políticos son absolutamente necesarios (Pasquino, 2015). Así, se puede entender como un intento por contrarrestar la desafección representativa que vive la mitad de los ciudadanos en Latinoamérica, ese sentimiento de rechazo ante las instituciones y los agentes de representación política, como efecto de la desconfianza hacia las instituciones, insatisfacción con la democracia y descontento con el funcionamiento de los respectivos sistemas políticos (Monsivais, 2017).
En concreto, en el artículo 48 se lee: “Las organizaciones políticas están habilitadas para realizar alianzas, que es el proceso a través del cual dos (2) o más organizaciones se unen temporalmente, con fines electorales o de acción política, manteniendo vigentes sus personalidades jurídicas”. Bajo este marco conceptual, hasta el 13 de noviembre se permitirá el registro de solicitudes de alianzas por parte de las organizaciones políticas, y la inscripción de los binomios será, según el TSE, el 28 de noviembre (EL DEBER, 15 de septiembre de 2018).
¿La Ley de Organizaciones Políticas, con sus límites y alcances, permitirá fortalecer su legitimidad y reconstruir la institucionalidad de la representación política? ¿Incentiva el multipartidismo o bipartidismo?
En los hechos, la tozudez del Gobierno nacional –desconocimiento de los resultados vinculantes del 21-F–, la movilización permanente de las plataformas ciudadanas –10 y 25 de octubre son dos fechas clave de acuerdo a su manifiesto en Sucre–, las alianzas entre entidades cívicas interdepartamentales (Comité pro Santa Cruz y Conade), el trabajo intenso para cumplir con las fechas límite de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, y la incertidumbre ciudadana (opositora) respecto de quiénes serán los actores políticos que construyan un proyecto de poder alternativo al MAS –además de las sensibilidades ideológicas, celos partidarios, sospechas políticas y discursos pasionales (“la democracia es más importante que el mar”, dijo el expresidente Jaime Paz Zamora)–, constituyen una microcoyuntura crítica con vista al 2019.
Con todo, la nueva Ley de Organizaciones Políticas ha trastocado tácticas y estrategias de las fuerzas políticas y colectivos ciudadanos. Así las cosas, el 8 de diciembre –cuando el Órgano Electoral publique las candidaturas habilitadas que participarán en las primarias– será la fecha cuando sepamos si el tiempo fue justo y el concepto alianza fue favorable para los actores políticos y sociales del campo opositor. El momento del tránsito hacia otra microcoyuntura que tendrá como fecha límite el 27 de enero de 2019.