En un pronunciamiento público, la institución expresó su “profunda preocupación” por los incidentes en los que se evidenció agresión física entre ciudadanos que celebraban la victoria del binomio electo y quienes manifestaban su desacuerdo con los resultados.

“La protesta pacífica es un derecho, pero la violencia, la incitación al enfrentamiento o los actos que pretendan deslegitimar instituciones democráticas no tienen cabida en el marco de los derechos humanos”, señala el documento.

La Defensoría recordó que las diferencias políticas deben resolverse mediante los mecanismos previstos en la ley y no a través de acciones que profundicen la polarización o el desconocimiento del voto ciudadano.

Asimismo, reconoció el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los Tribunales Departamentales por haber desarrollado un proceso electoral “en condiciones complejas, transparentes y bajo observación nacional e internacional”, y destacó que ninguna misión de observación ha cuestionado la validez de los resultados.

Finalmente, la entidad defensorial hizo un llamado a las organizaciones políticas, actores sociales y a la ciudadanía en general a mantener la calma y el respeto mutuo, evitando cualquier acción que vulnere los derechos humanos o ponga en riesgo la estabilidad institucional del país.