El 17 de agosto se votó por presidente, vicepresidente, senadores, diputados uninominales y plurinominales y “representantes supraestatales”. (Los entrecomillo porque su creación fue uno de los engendros inútiles y dispendiosos del MAS porque su función siempre había sido realizada por alguno de los diputados “reales” y no necesitaba de esos conmilitones).

El problema es que catorce escaños de diputados quedaron vacíos —anónimos, sin candidato— a pesar que fueron votados para uno de los partidos. Trece, para ser exactos, para el PDC (por error, el tribuno Vargas habló de catorce) y uno para Alianza Unidad. Veamos. (Sobre esto, entre la lista oficial de elegidos publicada y las diferentes declaraciones de vocales de la OEP hay diferencias; mantendré la información de la lista oficial).

Para el PDC, en Chuquisaca el representante supraestatal y su suplente estaban inhabilitados y también lo estaba el suplente de la circunscripción uninominal 3; en Cochabamba, el titular de la circunscripción 28 renunció y el suplente de la circunscripción 22 estaba inhabilitado y el Partido no presentó candidato para representante supraestatal ni su suplente.

En Oruro el diputado uninominal suplente de la circunscripción 31 había renunciado; mientras que en Potosí los inhabilitados son el suplente del tercer senador y el suplente del diputado uninominal por la circunscripción 36 y no había candidato para representantes supraestatales (ni titular ni suplente). En el Beni, el suplente del representante supraestatal estaba inhabilitado y es el único curul de la Alianza UNIDAD en ese estado.

La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija tienen el beneficio de no tener curules vacías.

Un rápido resumen da un representante supraestatal titular (Chuquisaca) y dos suplentes (Chuquisaca y Beni, uno de UNIDAD) estaban inhabilitados mientras que dos representantes supraestatales y sus suplentes fueron elegidos sin candidatos inscritos (Cochabamba y Potosí).

De senadores electos sólo está vacío el suplente del tercer senador (Potosí) mientras que tres suplentes de diputados uninominales estaban inhabilitados (Chuquisaca, Cochabamba y Potosí) y un diputado uninominal titular (Cochabamba) y otro suplente habían renunciado antes de la elección (Oruro).

De las catorce acefalías, el vocal Ávila detalló que «para unos casos existe jurisprudencia, pero los siete escaños supraestatales vacíos son «un caso inédito» que deberá ser analizado en Sala Plena» (las negrillas son originales de la publicación).

Paralelamente, el presidente interino del Órgano, «Óscar Hassenteufel, dijo que la premisa es que se respete la soberanía popular y que la norma establece que el curul corresponde a la organización política, no a un candidato específico» refiriéndose al postulado inhabilitado o renunciante, y precisó «como precedente el caso de las elecciones de 2002, cuando el MAS ganó dos senadurías por Potosí, pero sólo uno de sus candidatos fue habilitado.

“La Sala Plena de aquel entonces de la Corte Nacional Electoral resolvió habilitar como senador titular al suplente en base a un principio de respetar la soberanía popular. El pueblo se había pronunciado mayoritariamente por esa organización”».

Recapitulemos: «el curul corresponde a la organización política», es decir: a la que postuló al candidato inhabilitado o renunciante (o no inscrito). Y acá me nace el conflicto, la duda: ¿A quién corresponde la decisión de suplir los espacios vacíos: al PDC, que fue la organización que facilitó —prestó— su sigla al candidato presidencial y que, según las explicaciones antes mencionadas de Hassenteufel y de Ávila, sería a quien le corresponden en propiedad esos espacios (respecto al caso de UNIDAD, se calza adecuadamente la explicación de ambos); o a la candidatura de Paz Pereira y Lara Montaño... pero que no pertenecen a la organización política...?

Hasta el 8 de noviembre, el OEP tiene de plazo. Pero, en su criterio, amigo lector, ¿a quién le correspondería llenar esas vacancias?

Otro tema que interesa a muchos (casi diría “a todos”) es el cumplimiento de los acuerdos suscritos contra la guerra sucia y el respeto a la campaña en la próxima vuelta electoral —entre otros— como parte de las conclusiones del Encuentro por la democracia – Segunda Vuelta organizado por el Tribunal Supremo Electoral, documento que fue rubricado por los candidatos Paz Pereira (PDC) y Quiroga Ramírez junto con su acompañante de fórmula (Alianza LIBRE) en presencia de dirigentes de sus organizaciones y miembros del TSE; el otro candidato vicepresidencial se excusó por dificultades de desplazamiento pero se comprometió a firmarlo. Aunque posiblemente haya mucho escepticismo a raíz de lo sucedido en primera vuelta, la salud del ballotage pasa por ello.

Como colofón, está la cancelación de dos partidos nacionales, surgidos en la década de los años 80: Acción Democrática Nacionalista (ADN, 1987) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS, 1989), porque ambos perderán su personalidad jurídica después de casi cuarenta años de actividad partidaria (y de participación en muchas alianzas y pactos de gobernabilidad) de acuerdo con el inciso b del artículo 58 de la Ley 1096/2018 de Organizaciones Políticas al no lograr el baremo del 3 % de todos los votos en los comicios del 17 de agosto pasado, en los que ADN participó como la Alianza LIBERTAD Y PROGRESO junto con las agrupaciones Pando Somos Todos y Nacionalidades Autónomas por el Cambio y Empoderamiento Revolucionario (NACER) (sólo obtuvo el 1,45 % de sufragios válidos) y la UCS asistió como parte de la Alianza FUERZA DEL PUEBLO con la agrupación ciudadana Movimiento Originario Popular (MOP) y sólo obtuvo el 1,67 % del cómputo oficial. (Ya antes de comicios el OEP había cancelado las personerías del Frente para la Victoria [FPV] y el Partido de Acción Nacional Boliviano [PAN-BOL]).

A ambos dediquemos nuestra invocación: «Requiem aeternam dona eis, Domine» («Concédeles, Señor, el descanso eterno») pero yo le agregaría «et non revertentur».