En el Senado, el Movimiento al Socialismo (MAS) logró aprobar semanas atrás una norma de convocatoria. Sin embargo, la oposición cuestiona su validez y denuncia que no obtuvo los dos tercios de votos requeridos por la Constitución, por lo que el proyecto no avanzó en Diputados. La demora abre un vacío que preocupa tanto a legisladores como a las propias autoridades electorales, ya que se aproxima el primer balotaje de la historia democrática del país y la posterior convocatoria a comicios subnacionales.

El senador Henry Montero, jefe de bancada de Creemos, considera que la única salida posible será aprobar una ley que prorrogue de forma excepcional el mandato de los actuales vocales.

“Los tiempos no dan. Creemos que se tiene que dar una nueva ley de prórroga del mandato de los actuales vocales electorales, a la rápida”, explicó. Según el legislador, intentar un nuevo proceso ahora demoraría hasta un año y pondría en riesgo el calendario electoral.

En la vereda opuesta, el diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC) y reelecto por la alianza Unidad, rechaza cualquier intento de prórroga. “Si seguimos la moda de los autoprorrogados, seguiremos destruyendo la institucionalidad”, advirtió. A su juicio, el proyecto de ley actual “nació con vicio de origen” y debería volver al Senado. “Es una copia de la elección judicial, con una metodología que no garantiza a los mejores”, criticó.

Alarcón propone que el nuevo presidente del Estado designe temporalmente al vocal que le corresponde por atribución constitucional, para que administre el TSE de forma transitoria, hasta que la nueva Asamblea elija a los restantes.

Su correligionaria María José Salazar coincide en que la actual legislatura dejó vencer los plazos. “No se realizó la convocatoria ni la selección a tiempo. El mandato de los vocales cesa el 19 de diciembre y de allí en adelante sus actos serían ilegales”, alertó. La diputada no descarta una ley de ampliación de mandato como “única salida posible” ante la falta de tiempo, aunque reconoce que esa vía también plantea dilemas constitucionales.

Futura legislatura

Desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el diputado electo Ricardo Rada afirma que el proceso debe ser responsabilidad exclusiva de la próxima Asamblea. “La mayoría de los actuales legisladores carecen de legitimidad. Lo que debe priorizarse es garantizar las elecciones subnacionales y que los nuevos vocales gocen de plena confianza ciudadana”, sostuvo.

Para Rada, la nueva legislatura podría acortar su receso y abrir de inmediato la convocatoria, “antes de fin de año”, para elegir a las nuevas autoridades. También se opone a la prórroga: “Los vocales actuales hicieron una excelente gestión, pero no podemos ir en contra de la Constitución y las leyes”, remarcó.

El vocal Francisco Vargas, actual miembro del TSE, prefirió mantener prudencia. “Confío en que la Asamblea llevará adelante el proceso. Las prórrogas no le hacen bien a la democracia, son situaciones muy excepcionales”, afirmó. Vargas recordó que el mandato concluye el 19 de diciembre y que, cumplido su deber, corresponde que la ALP elija a las nuevas autoridades, que deberán organizar las elecciones subnacionales, donde se elegirán más de 200 alcaldes, nueve gobernadores y asambleístas departamentales.

En medio de la pugna política y de los plazos ajustados, la controversia sobre la renovación del TSE se perfila como una de las primeras pruebas de la próxima legislatura, que deberá resolver el dilema entre la prórroga o el relevo inmediato de las máximas autoridades electorales del país. Y todo ello bajo la presión de garantizar la organización oportuna y transparente de los comicios subnacionales.