En la primera vuelta de las elecciones generales de 2025 en Bolivia, la desinformación circuló con fuerza en redes sociales y plataformas digitales, pero la respuesta de las plataformas digitales fue prácticamente inexistente, aseguran periodistas y especialistas. En efecto, organizaciones de verificación, de derechos digitales y organismos internacionales coinciden en que Meta y otras compañías de Internet tuvieron una colaboración mínima durante el proceso electoral boliviano.

Por Carolina Martínez Elebi, investigadora asociada OBSERVACOM

En enero de 2025, Meta anunció modificaciones en sus políticas de moderación de contenidos y en su programa de verificación de datos, flexibilizando las medidas que antes aplicaba para limitar la desinformación. Como se observó en Ecuador durante las elecciones de ese mismo año, los cambios redujeron la cantidad de contenidos señalados o bloqueados, menor interacción con organismos electorales y fact-checkers, y un aumento en la circulación de noticias falsas.

En Bolivia, el efecto también se hizo evidente. Si antes había bloqueos esporádicos o algún nivel de diálogo con los distintos actores institucionales y sociales, este año las grandes plataformas digitales dejaron de actuar de manera preventiva y no adoptaron un rol activo frente a la desinformación electoral.

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia señalaron que el tamaño del mercado boliviano no parece despertar su interés. Explicaron que en marzo de este año hubo un encuentro con representantes de las empresas, pero la respuesta fue que sus políticas ya estaban definidas y que correspondía a los actores locales ajustarse a ellas. A partir de esa experiencia, la Coalición Nacional contra la Desinformación Electoral – integrada por 22 organizaciones y creada en noviembre de 2024 con el apoyo técnico del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y del PNUD – asumió que no podría contar con las compañías como aliadas estratégicas y decidió volcarse a una estrategia proactiva de monitoreo y difusión de información verificada.

Verificadores locales ignorados

La exclusión de los actores bolivianos fue evidente. “Nunca se ha llegado a un acuerdo con Meta”, relató Adriana Olivera, de Bolivia Verifica. Aunque durante la pandemia la plataforma llegó a ocultar ciertos contenidos, ese trabajo dependía de verificadores internacionales: “AFP Factual publica su nota y ellos sí tienen alianza, por algo logran que eso se oculte o se elimine. Pero como Bolivia Verifica no, nuestras verificaciones no sirven para que Meta accione”.

La experiencia fue similar para Chequea Bolivia. Enid López explicó que la organización no forma parte del International Fact-Checking Network (IFCN), requisito para ingresar al programa de verificadores de Meta. La exclusión, sin embargo, en este caso no se debió a una negativa de la plataforma sino a limitaciones propias: por falta de tiempo y recursos que enfrenta una organización pequeña, nunca lograron completar el trámite y requisitos exigidos por la empresa. Esa situación les impide contar con canales de cooperación directa con las plataformas. “Detectamos páginas financiadas por candidatos, publicamos la información, pero nunca hubo un ida y vuelta con Meta para dar de baja esos contenidos”, resumió.

Ambas verificadoras coinciden en que la circulación de desinformación creció este año y que el epicentro ya no fue Facebook sino TikTok, con el paso de imágenes a videos como formato predominante. Tampoco lograron establecer canales de denuncia o cooperación con esa plataforma digital de origen chino.

El OEP, sin interlocución

La falta de acuerdos no solo afectó a la sociedad civil. El propio Órgano Electoral Plurinacional (OEP) intentó un acercamiento pero no consiguió resultados. “El Tribunal Supremo Electoral (NdR: máximo nivel de autoridad del OEP) tuvo alguna reunión con Meta, pero no llegaron a ningún acuerdo”, asegura Eliana Quiroz, miembro del directorio de Internet Bolivia e integrante de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Quiroz recordó además que, en 2019, cuando pidieron habilitar la biblioteca de anuncios políticos, Meta respondió que solo podía hacerlo si lo solicitaba el OEP, algo imposible en ese contexto de crisis institucional. “En 2020, de repente, habilitaron Ads Library sin intervención del órgano. Los procedimientos son muy discrecionales”, sostuvo.

Esa discrecionalidad quedó también en evidencia para Cristian León, Director Ejecutivo de Internet Bolivia. “Antes había un poco más de diálogo con Meta en casos de violencia digital. Ahora hemos escrito varios mensajes y no hemos tenido respuesta, por lo que tuvimos que recurrir a Access Now para que escale nuestros pedidos. Es muy inestable la relación”, afirmó.

Una coalición sin las plataformas

La Coalición Nacional contra la Desinformación Electoral hoy reúne a más de veinte actores – desde radios comunitarias hasta universidades y organizaciones sociales – con el objetivo de articular esfuerzos para enfrentar la desinformación durante las elecciones. Sin embargo, ninguna de las grandes plataformas digitales aceptó sumarse a ese espacio.

Desde el PNUD consideran que las plataformas priorizan la colaboración en países con mercados más grandes y que Bolivia no figura entre sus prioridades. Ante ese escenario, la Coalición definió una estrategia proactiva con tres ejes: monitoreo de redes y medios, producción de información verificada de respuesta rápida y redes de medios para amplificar los contenidos.

Transparencia opaca en la publicidad política

En cuanto a la información referida a los anuncios políticos difundidos durante la campaña electoral, la biblioteca de anuncios de Meta fue la única fuente de transparencia disponible en el país. Gracias a eso, Chequea Bolivia y Bolivia Verifica lograron identificar páginas que difundían desinformación y que estaban siendo financiadas por candidatos y empresas. “Pudimos rastrear correos y teléfonos de quienes pagaban publicidad desinformativa”, relató Enid López. Ese acceso permitió documentar cómo la desinformación se financiaba con recursos económicos concretos, algo que en otros contextos suele quedar oculto.

En contraste, Google y YouTube no habilitaron herramientas equivalentes en Bolivia. Esto impidió seguir el rastro de la publicidad política en sus plataformas, incluso cuando se detectaron anuncios de desinformación en páginas de medios. “Encontramos publicidad engañosa triangulada a través de empresas intermediarias y no había forma de identificar al responsable”, explicó López de Chequea Bolivia. X y TikTok, a pesar de ser hoy la red más usada en el país, tampoco ofrecieron mecanismos de transparencia sobre los anuncios.

La falta de herramientas comparables deja a Bolivia en desventaja frente a otros países donde las plataformas sí abren bibliotecas de anuncios o reportes de gasto en campañas. El contraste refuerza la idea de un trato desigual hacia mercados más pequeños.