El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó en Cochabamba el Informe de Monitoreo de Derechos Humanos de la segunda vuelta electoral, en el que se destacan la participación ciudadana y la confianza en el proceso electoral, aunque también se identifican desafíos en materia de accesibilidad y cultura democrática.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el funcionario informó que para este proceso la institución desplegó más de 600 defensores voluntarios y 218 servidores defensoriales que realizaron el seguimiento en recintos electorales de todo el país. “Nuestro monitoreo electoral abarcó 91 municipios, con observación en 834 mesas electorales, nueve recintos penitenciarios y dos en el exterior —Perú y Estados Unidos—”, detalló.

Balotaje

El Defensor señaló que durante la jornada del 19 de octubre se registraron 535 denuncias, de las cuales el 50% fue resuelto el mismo día. Las principales dificultades estuvieron relacionadas con la emisión de certificados de impedimento (50%), voto preferente (10,8%), voto asistido (9,3%) y demoras en la habilitación de mesas (6,7%).

El informe defensorial también revela que el 24% de los recintos monitoreados no contaban con accesibilidad universal, además de detectar una insuficiencia en los certificados de impedimento, espacios inadecuados para el voto asistido y una débil cultura democrática poselectoral.

Informe

A pesar de estos desafíos, Callisaya destacó los avances en la organización del proceso. “Se evidenció una alta participación ciudadana como jurados electorales —96% de los designados—, presencia de delegados políticos en el 82% de las mesas y condiciones adecuadas para el voto secreto en el 97% de los recintos”, señaló.

Asimismo, subrayó que el incremento de denuncias ciudadanas refleja mayor confianza en la institución. “Se observó un aumento significativo de quejas registradas, del 43% al 72,30% respecto a la primera vuelta”, precisó.

Entre los hechos recurrentes durante la jornada electoral, el informe menciona dificultades vinculadas al voto preferente (10,8%), voto asistido (9,3%), demoras en la apertura de mesas (6,7%), ausencia de puntos de información (5,2%) y personas depuradas del padrón electoral (0,6%).

Población

El documento recomienda al Órgano Electoral incrementar la participación de mujeres como presidentas de mesa, estandarizar la entrega de certificados de impedimento y garantizar la accesibilidad universal en todos los recintos.

También exhorta a la Policía Boliviana a generar mecanismos para que su personal en servicio pueda ejercer el voto y a la Asamblea Legislativa a impulsar reformas que fortalezcan la inclusión y las campañas contra el racismo y la intolerancia política.

Finalmente, Callisaya hizo un llamado a la sociedad civil a “consolidar una cultura democrática basada en el respeto, la tolerancia y el ejercicio pacífico de los derechos políticos”.