La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) menciona, en su informe, que observó un deterioro de la calidad del debate en el proceso electoral, el cual estuvo marcado por campañas de desprestigio y la difusión de desinformación. Además, recomendó “combatir la circulación de encuestas ilegales o manipuladas”.

“A pesar de los esfuerzos del TSE por promover una campaña cívica y programática, así como del compromiso asumido por los candidatos para evitar la desinformación y las prácticas de ‘guerra sucia’, la Misión observó un deterioro en la calidad del debate público entre la primera y la segunda vuelta, marcado por campañas de desprestigio y la difusión de desinformación, lo que contribuyó a profundizar la polarización política”, se lee en el documento.

En el reporte se menciona que entre las acciones que se usaron para desinformar se observaron: fotomontajes, audios y videos elaborados con inteligencia artificial, circulación de comunicados falsos atribuidos al Órgano Electoral, difusión de contenido falso que usaba la línea gráfica de medios de comunicación y hasta instrucciones falsas para ejercer el sufragio que buscaba perjudicar a las candidaturas.

“La desinformación es un fenómeno que debe ser abordado sistemáticamente por parte de las autoridades estatales y electorales, las agrupaciones políticas y las organizaciones de la sociedad civil, para que futuros comicios en Bolivia se desarrollen con información veraz y en un clima de confianza ciudadana, garantizando así el ejercicio de un voto informado”, se señala en el informe.  

En ese contexto, la misión de la OEA recomienda implementar iniciativas permanentes de alfabetización digital y educación cívica contra la desinformación, fortalecer las capacidades del personal del Órgano Electoral para detectar, verificar y responder oportunamente a la desinformación, y promover campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y a las organizaciones políticas.

Encuestas, bajo la lupa

En torno a las encuestas, la misión dela OEA señala que el “Reglamento para la elaboración y difusión de estudios de opinión en materia electoral” no establece el requisito de entregar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la base de datos de la encuesta.

En el informe se señala que la misión de la OEA se reunió con numerosos actores que expresaron su preocupación por la proliferación de encuestas no registradas y manipuladas, además de expresar “las importantes diferencias numéricas entre las encuestas publicadas – incluso aquellas autorizadas – y los resultados electorales”.

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En ese contexto, plantea que el Órgano Electoral “realice esfuerzos de coordinación” con los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, administradores de plataformas digitales y redes sociales, y agrupaciones políticas “para combatir la circulación de encuestas ilegales o manipuladas”.

También recomienda incluir en el reglamento de las encuestas el requisito de que las empresas encuestadoras entreguen al organismo electoral “las bases de datos anonimizada de sus encuestas, con el fin de permitir la verificación del cumplimiento de los criterios técnicos establecidos y su revisión por parte de la ciudadanía”.    

Financiamiento privado 

El informe señala que si bien la ley establece que el financiamiento político-electoral es mixto (público-privado), en la práctica predomina el financiamiento de origen privado. La misión de la OEA remarca que para estos comicios “varias” agrupaciones políticas autorizaron al TSE destinar los recursos públicos a la implementación del sistema de resultados preliminares.  

La misión remarca que la legislación electoral “no establece un tope general al financiamiento privado de las campañas”, por lo que advirtió que “en un sistema de financiamiento electoral predominantemente privado, la ausencia de límites generales a este tipo de aportes propicia condiciones de inequidad en la competencia electoral, especialmente ante la falta o aplicación intermitente de mecanismos de financiamiento público”.

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La delegación de la OEA comenta que observó que “no existe un monitoreo” por parte del Órgano Electoral de la propaganda electoral en redes sociales que le permita “contrastar los montos” que los partidos declaran en sus informes de ingresos y gastos y que posibiliten “controlar las fuentes de financiamiento de dicha propaganda”.

En ese contexto, la misión recomienda establecer límites a los gastos que puede efectuar cada candidato y organización política, con el objeto de evitar grandes asimetrías entre las distintas fuerzas y contribuir a reducir los costos de las campañas. También sugiere “garantizar el acceso al financiamiento público directo, de manera que los partidos cuenten con recursos para solventar rubros de gasto político-electoral diferentes a la propaganda”.