Página Siete / La Paz

Una investigación presentada ayer en el marco de la Convención Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas evidencia la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en zonas mineras y extractivas en territorios de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.

El estudio, realizado con el apoyo de Unicef, ICCO Cooperación Sudamérica y Movimiento Vuela Libre, refleja que en la actualidad se percibe a las nuevas zonas extractivistas mineras como lugares de gran actividad económica en los que se puede ganar importantes sumas de dinero rápidamente.

“Se ha identificado a los entornos camineros cercanos a las zonas mineras como lugares donde se practica de manera naturalizada y legitimada el delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”, destaca la nota de prensa.

El estudio se realizó durante seis meses en los municipios de Caranavi, Guanay, Tipuani, Teoponte, Mapiri y la comunidad de Mayaya. En Potosí se investigó en tres municipios: Potosí, Uncía y Llallagua. En Oruro en los municipios de Oruro y Huanuni.

Según el trabajo presentado, la realidad que se muestra en el documento “contrasta sensiblemente con los derechos de las niñas, niños y adolescentes establecidos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación vigente en el país”.

Entre las principales conclusiones de la investigación se destaca que las instituciones como las defensorías estatales están debilitadas, que existe proliferación de espacios de riesgo y que en los campamentos mineros se dinamiza la explotación sexual. En ellos hay sujetos extranjeros que hacen lo mismo.

No obstante, según el estudio, lo más preocupante es que hay un desentendimiento social y naturalización de la explotación sexual comercial.

Con la incorporación de datos, testimonios y el análisis desarrollado, la investigación sostiene que es urgente trabajar en políticas que incidan en la erradicación de la explotación sexual comercial en la niñez boliviana y convoca a construir entornos de protección y contención para esta población altamente vulnerable.

Para ello, es imperativo efectuar más acciones de prevención, que esas regiones inviertan parte de sus regalías producidas por la minería en fortalecer el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.