En el marco del seguimiento y análisis permanente al proceso electoral, el Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación (ODRD) identificó y documentó 30 hechos relevantes vinculados a vulneraciones de derechos, expresiones de racismo y discriminación, actos de violencia y manifestaciones de discurso de odio.

El responsable del ODRD, Martín Torrico, explicó que los 30 casos evidencian una preocupante tendencia al uso de expresiones discriminatorias, tanto en espacios físicos como en entornos digitales.

“Los hechos registrados, evidencian diversas formas de afectación, entre ellas agresiones físicas, ataques verbales, estigmatización pública, exclusión por motivos étnicos, culturales o de género, así como la difusión de mensajes de odio que incitan a la polarización y vulneran los principios de igualdad y dignidad humana”, detalló.

El boletín del ODRD “Miradas que Transforman” destaca dos incidentes relacionados con el uso de la Wiphala: el primero, en la plaza principal de Llallagua, donde el símbolo fue bajado de uno de los mástiles; y el segundo, durante el aniversario del municipio de San Ignacio de Velasco, cuando una mujer intentó desfilar portándolo.

“Estas acciones reflejan el rechazo a un símbolo representativo de los pueblos indígenas y refuerza la polarización entre habitantes urbanos y rurales”, señala el documento. Además, subraya que estos actos vulneran el derecho a la identidad cultural y contravienen los artículos 14, 21 y 98 de la Constitución Política del Estado, así como la Ley N° 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación.

Otros dos casos de incitación a la violencia electoral, difundidos en redes sociales, corresponden al vicepresidente del Concejo Municipal de Trinidad, quien expresó que “ningún colla de mierda” iba a “adueñarse” de las instituciones regionales; y el de una dirigente de partido político que afirmó que “van a contar muertos y no votos”. 

En ambos casos, se vulneran los principios de igualdad y dignidad humana reconocidos por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ONU, 1965), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), instrumentos que obligan a los Estados a prevenir y sancionar actos discriminatorios.

Recientemente, un diputado electo realizó comentarios racistas y discriminatorios hacia personas que practican el acullico de la hoja de coca. En respuesta, la Defensoría del Pueblo emitió un Pronunciamiento instando al Tribunal Supremo Electoral a aplicar el Reglamento de Faltas Electorales y Sanciones, conforme al inciso g) del Artículo 25, que establece sanciones para partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de naciones y pueblos indígena originario campesinos. Asimismo, exhortó a implementar medidas preventivas que eviten la repetición de estos hechos, sin perjuicio de iniciar acciones penales conforme a la Ley N° 045.

El artículo 98 de la Constitución Política del Estado reconoce la riqueza cultural del país y sus expresiones patrimoniales, entre ellas el acullico de la hoja de coca, declarado patrimonio cultural y ancestral mediante la Ley N° 864 de 2016. En la misma línea, la Ley N° 045 (arts. 5 y 6) y el artículo 281 TER del Código Penal tipifican como delito la difusión de ideas basadas en la superioridad racial o el desprecio hacia una práctica cultural, sancionando la incitación pública o la humillación de sectores sociales.

Ante esta situación, el ODRD, junto al Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, formuló un Plan de Incidencia para la Prevención del Racismo, la Discriminación y el Discurso de Odio, y sostuvo reuniones con las fundaciones Construir e Internet Bolivia, con el fin de fortalecer alianzas estratégicas y definir líneas de acción conjuntas orientadas a promover un entorno democrático, respetuoso e inclusivo durante las Elecciones Nacionales 2025.

De esta forma, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de fortalecer las capacidades institucionales y sociales para la prevención y atención de estos hechos, impulsando acciones de sensibilización, monitoreo y respuesta oportuna que garanticen un proceso electoral libre de racismo, discriminación y violencia.